Una grave denuncia por presunta falsificación de firmas sacudió al Poder Legislativo trasandino luego de que se tramitara el retiro no autorizado de permisos de dos parlamentarios en el Congreso Nacional en Valparaíso. El episodio involucra de manera directa al legislador Juan Luis Castro, jefe de la bancada del Socialismo Democrático. Esta acción generó un amplio malestar político y derivó en la apertura de indagatorias judiciales e internas.
La controversia estalló cuando se conoció la anulación de los permisos constitucionales pertenecientes a la senadora Ximena Órdenes y al senador Fidel Espinoza. Ambos representantes se encontraban fuera del país como parte de una delegación oficial que acompañaba al presidente José Antonio Kast en una gira por territorio asiático. Al desconocerse la validez de los documentos ingresados, las sospechas sobre irregularidades procesales se multiplicaron en la sede legislativa.
La presunta falsificación de firmas y la disputa por el quórum
El propósito de este movimiento administrativo tenía un impacto reglamentario inmediato sobre las sesiones de la Cámara Alta. Al mantener vigentes las ausencias justificadas, disminuía la cantidad de votos necesarios para aprobar las propuestas del Poder Ejecutivo en la Ley de Presupuestos 2027. Por el contrario, la reincorporación forzada de los legisladores ausentes incrementaba la exigencia numérica en votaciones sensibles, como la ampliación del margen de endeudamiento estatal por un monto de hasta 25 mil millones de dólares.
Ante este escenario, la senadora Órdenes manifestó su total sorpresa tras enterarse de la maniobra al día siguiente de su ejecución. A través de una nota formal dirigida a las autoridades de la corporación, la legisladora desconoció haber pedido la anulación de su permiso y negó haber consentido el empleo de su rúbrica. La parlamentaria subrayó que jamás solicitó ese trámite y exigió un esclarecimiento urgente sobre los mecanismos utilizados para registrar las autorizaciones en las actas oficiales.
Por su parte, el senador Espinoza adoptó una postura diferente frente al conflicto generado en el seno de la coalición. Si bien expresó su disconformidad por no haber recibido una comunicación previa respecto a la medida adoptada, prefirió catalogar lo sucedido como una simple desprolijidad administrativa interna. De esta manera, el legislador buscó desestimar la necesidad de derivar el caso hacia los estrados del Ministerio Público.
Reacciones encontradas y quiebre en la bancada oficialista
Las repercusiones del caso no tardaron en llegar a los tribunales ordinarios a través de la intervención de actores externos. La fundación Fuerza Ciudadana, entidad vinculada al Partido Republicano, formalizó una querella criminal en contra de Castro por los presuntos delitos cometidos en la tramitación legislativa. Paralelamente, sectores del Partido por la Democracia reclamaron sanciones políticas y solicitaron que el legislador abandone tanto la conducción del bloque parlamentario como su asiento en la Comisión de Ética.
Desde el Poder Ejecutivo, el biministro Claudio Alvarado, en ejercicio temporal de la vicepresidencia, calificó los hechos como un asunto de máxima gravedad institucional. El funcionario advirtió que la utilización de antecedentes no fidedignos para modificar los quórums legislativos perjudica el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Alvarado recalcó que las discrepancias partidarias no deben justificar acciones indebidas contra la administración estatal.
Posición institucional del Senado y repercusiones del caso
Frente al impacto público del escándalo, la Mesa del Senado emitió una declaración para aclarar el alcance de los controles internos. Las autoridades aclararon que la recepción de un documento en la oficina de partes no certifica de manera automática la autenticidad de los textos ni de los nombres contenidos. Asimismo, el órgano directivo informó que hasta la fecha no existen peritajes concluyentes que demuestren una falsificación de firmas en los registros parlamentarios analizados.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, respaldó el accionar de la mesa directiva y pidió preservar los vínculos entre las agrupaciones aliadas. La dirigente remarcó que las votaciones presupuestarias se llevaron adelante con el quórum correspondiente y sin alteraciones en sus resultados. El retorno de los senadores viajeros al país marcará una etapa decisiva para definir las eventuales responsabilidades éticas y políticas de este episodio.
Datos clave
- El senador Juan Luis Castro fue denunciado por tramitar sin consentimiento el retiro de permisos constitucionales de dos colegas de bancada.
- La senadora Ximena Órdenes negó haber autorizado el uso de su rúbrica y exigió una investigación inmediata sobre el procedimiento adoptado.
- El objetivo reglamentario de la acción consistía en elevar el quórum requerido para trabar iniciativas presupuestarias del Poder Ejecutivo chileno.
- Una querella penal fue presentada por una organización civil, mientras el Senado abrió indagaciones internas para determinar si existió delito.






