Una fábrica ilegal china dedicada a la producción de cartón fue clausurada en República Dominicana tras comprobarse múltiples irregularidades administrativas, laborales y ambientales. La medida recibió el respaldo público del gobierno de los Estados Unidos a través de sus canales diplomáticos oficiales. Las autoridades dominicanas detectaron que el establecimiento operaba al margen de la ley en el municipio de San Antonio de Guerra.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, celebró la determinación adoptada por las instituciones estatales dominicanas. El funcionario estadounidense manifestó mediante sus redes sociales que cualquier inversión extranjera debe someterse de manera estricta al marco legal local, garantizando condiciones de competencia leal y apego al Estado de derecho.
Intervención a la fábrica ilegal china
El establecimiento intervenido operaba bajo el nombre de Fábrica Cartesa en la comunidad de Pata de Palma, dentro de la provincia de Santo Domingo. La acción de control fue coordinada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes mediante el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías. Los técnicos constataron la carencia de certificados de uso de suelo y autorizaciones esenciales de operación.
El predio fabril abarcaba tres naves de gran escala junto a un bloque de cuatro niveles destinado a oficinas y habitaciones para trabajadores. Las dependencias gubernamentales determinaron la inmediata suspensión de actividades constructivas y productivas en el lugar. Esta fábrica ilegal china carecía de los permisos de edificación fijados por la legislación vigente de ese país caribeño.
Infracciones laborales y acopio de combustible
Durante la inspección técnica, los fiscalizadores encontraron un depósito clandestino de carburantes que quebrantaba la normativa sobre hidrocarburos. Las autoridades incautaron un contenedor con capacidad para almacenar cinco mil litros y confiscaron aproximadamente mil galones de gasoil. La valoración económica de los bienes retenidos durante el procedimiento asciende a unos 37.000 dólares estadounidenses.
Por su parte, la Dirección General de Migración y el Ministerio de Trabajo revisaron el estatus del personal que desempeñaba tareas en la planta. La inspección constató la presencia de operarios extranjeros en situación migratoria irregular y sin las garantías laborales establecidas por ley. Las autoridades reiteraron que el país fomenta el desembarco de capitales privados, siempre que respeten la soberanía jurídica nacional.
Fiscalizaciones masivas y contexto regional
El desmantelamiento de este complejo se enmarca en una campaña amplia de controles estatales sobre comercios e industrias de capital asiático. Semanas atrás, las brigadas de fiscalización laboral inspeccionaron más de un centenar de establecimientos mercantiles en distintas provincias dominicanas. Esas revisiones derivaron en más de mil actas de infracción y decenas de expedientes enviados a la justicia ordinaria.
Para analistas internacionales y observadores en la región, la advertencia emitida por Washington cobra relevancia estratégica en el continente americano. La supervisión sobre inversiones foráneas busca frenar prácticas desleales, contrabando y precarización laboral que distorsionan el comercio formal. El caso en Santo Domingo expone el endurecimiento de las normativas de cumplimiento aplicadas a empresas transnacionales.
Datos clave
- Respaldo diplomático: El gobierno de Estados Unidos felicitó a las autoridades dominicanas por la intervención contra la planta no autorizada.
- Clausura inmediata: El establecimiento operaba tres naves industriales y un edificio de cuatro pisos sin permisos de construcción ni uso de suelo.
- Combustible decomisado: Los inspectores incautaron mil galones de gasoil y un tanque cisterna que vulneraban la ley de hidrocarburos.
- Sanciones laborales: La empresa empleaba trabajadores extranjeros sin documentación regular y fuera de los convenios laborales vigentes.
