La justicia paraguaya ordenó la captura de un exjefe de Petropar tras registrarse su ausencia injustificada en el juicio oral en su contra en Asunción. La medida judicial fue adoptada este martes luego de que el procesado no se presentara a la sala de audiencias para continuar con el debate público.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos tomó la determinación de manera unánime. El abogado Carlos Daniel Esquivel Isnardi enfrenta acusaciones por presunta complicidad en hechos punibles contra el patrimonio público del Estado paraguayo.
Decisión del tribunal ante la incomparecencia
El colegiado que atiende la causa está presidido por la jueza Yolanda Morel e integrado por las magistradas Ana Rodríguez y Karina Cáceres. Las integrantes del tribunal resolvieron revocar de inmediato las medidas alternativas a la prisión preventiva que beneficiaban al encausado.
La sesión debía arrancar a las 08:00 con la exposición de los alegatos iniciales de las partes técnicas. En la jornada procesal anterior, el órgano judicial había culminado la resolución de diversos incidentes previos promovidos por la defensa pública.
Durante la audiencia, el defensor público Martín Muñoz informó a las juezas que intentó comunicarse repetidas veces por vía telefónica con su representado. Sin embargo, constató que el teléfono celular del acusado permanecía apagado, lo cual impidió justificar su inasistencia al recinto judicial.
Antecedentes de rebeldía del exjefe de Petropar
No es la primera ocasión en que se dispone una orden judicial de detención contra el exjefe de Petropar en este prolongado expediente. En el juicio oral celebrado anteriormente, el acusado tampoco acudió, lo que obligó a separar su juzgamiento del resto de los imputados en la causa.
Aquel proceso inicial culminó en agosto de 2021 con una condena de tres años de cárcel impuesta al expresidente de la petrolera estatal, Sergio Escobar Amarilla. Luego de haber sido aprehendido tiempo después, la justicia reactivó el proceso particular para Esquivel Isnardi, quien asistió a dos jornadas previas pero volvió a fugarse.
La fiscala Silvia González Vester, integrante de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, encabeza la acusación del Ministerio Público. De acuerdo con las pesquisas fiscales, el procesado se desempeñaba como titular de la Unidad Operativa de Contrataciones y avaló desembolsos de anticipos que derivaron en un presunto perjuicio de 12.000 millones de guaraníes.
Las irregularidades detectadas en la licitación
El origen de la investigación se remonta a finales del año 2012, tras la convocatoria a una subasta a la baja electrónica. El objeto contractual era el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de equipamiento de electrificación para los molinos de la planta alcoholera situada en Mauricio José Troche.
La adjudicación de las obras recayó sobre la firma MGA Consultora, representada por Michael Azuaga, formalizándose el convenio en marzo de 2013 por un monto total de 24.000 millones de guaraníes. La ejecución del proyecto dependía administrativamente de la gerencia local a cargo de Leoncio Saúl González.
Pocos días después de la firma contractual, las autoridades suscribieron modificaciones sustanciales en las cláusulas de pago. Inicialmente se pactó un anticipo del 30 por ciento del valor global del contrato, pero luego una segunda adenda promovida por Esquivel Isnardi incrementó dicho adelanto al 50 por ciento.
La petrolera pública transfirió 4.800 millones de guaraníes suplementarios equivalentes al 20 por ciento restante del anticipo en abril de 2013. Meses después, la firma solo entregó dos motores y cuatro tableros eléctricos, dejando sin proveer los reductores. Debido a los reiterados incumplimientos, la presidencia de la empresa estatal rescindió formalmente el contrato en octubre de ese mismo año.
Datos clave
- Incomparecencia procesal: Un exjefe de Petropar fue declarado en rebeldía tras apagar su teléfono y faltar a la tercera jornada de su juicio oral.
- Orden de detención: El Tribunal de Sentencia de Asunción revocó sus medidas ambulatorias y dictó su captura policial inmediata.
- Perjuicio investigado: La fiscalía sostiene que el acusado autorizó pagos irregulares por 12.000 millones de guaraníes en obras inconclusas.
- Contrato rescindido: La licitación en Mauricio José Troche contemplaba 24.000 millones de guaraníes y fue cancelada por incumplimientos.
