El Ministerio Público dispuso una pericia contable financiera sobre el patrimonio del exdirector jurídico de IPS José Antonio González Maldonado y el de su cónyuge Silvia María Casaccia Arias. La disposición del agente fiscal Christian Benítez busca esclarecer la evolución económica del exfuncionario en el marco de una pesquisa por supuesta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. El requerimiento técnico surge además tras la falta de respuestas de los órganos de control sobre las declaraciones juradas del matrimonio.
Análisis pericial sobre movimientos financieros y cobros
La pericia quedó formalmente a cargo de una especialista técnica del Laboratorio Forense fiscal, quien evaluará informes bancarios, tributarios y registros de propiedad incorporados a la carpeta judicial. Las pesquisas técnicas pretenden determinar si los fondos documentados concuerdan con los ingresos legítimos percibidos en la función pública entre los años 2017 y 2026.
Asimismo, el trabajo pericial abarcará la trazabilidad de 412.500.000 guaraníes que el exdirector jurídico de IPS habría percibido en concepto de honorarios profesionales. Este desembolso se concretó a partir de un acuerdo extrajudicial firmado entre la previsional y el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, dinero que luego habría sido repartido sin rendición detallada.
El análisis contable debe esclarecer la evolución económica y patrimonial de ambos cónyuges durante su paso por la administración estatal. La pesquisa buscará determinar si los cargos públicos desempeñados justifican la adquisición de bienes registrables, rodados e inmuebles acumulados en la última década.
Silencio de la Contraloría ante reiterados pedidos fiscales
La decisión de recurrir a los peritos propios del Ministerio Público se profundizó debido a la falta de contestación de la Contraloría General de la República. El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción solicitó en mayo un examen formal de correspondencia sobre los activos declarados por el investigado.
A pesar de que el plazo inicial de diez días hábiles venció e incluso feneció una prórroga solicitada por la institución contralora, no se remitieron las conclusiones. El representante del Ministerio Público reiteró los requerimientos en tres oportunidades distintas sin conseguir que el órgano superior de fiscalización entregue los reportes solicitados.
En Paraguay, el examen de correspondencia constituye la herramienta básica con la que el Estado verifica si los bienes de las autoridades guardan proporción con las remuneraciones legítimas. La ausencia de este dictamen oficial obligó a los fiscales anticorrupción a encomendar la tarea a peritos forenses para evitar que la causa penal quede paralizada.
Situación procesal del exdirector jurídico de IPS
El dictamen contable permitirá delimitar el activo y pasivo del matrimonio al principio y al término del lapso analizado por los investigadores. Los peritos cotejarán además si existió duplicación de saldos o transferencias cruzadas orientadas a justificar patrimonios que no coinciden con los salarios estatales ordinarios.
Las conclusiones que emita el área técnica resultarán determinantes para la suerte procesal del exdirector jurídico de IPS en el expediente abierto en abril. Con estos elementos en mano, la Fiscalía evaluará la formulación de una imputación formal o, por el contrario, la solicitud de desestimación ante el juzgado penal de garantías correspondiente.
Datos clave
- Causa penal: El proceso investiga supuestos hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lesión de confianza en perjuicio del Instituto de Previsión Social.
- Honorarios bajo la lupa: La investigación indaga el cobro de más de G. 412 millones vinculado a un convenio con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA.
- Retraso institucional: La Contraloría General de la República no remitió el examen de correspondencia tras tres reiteraciones fiscales.
- Próximos pasos: Las conclusiones periciales del Laboratorio Forense definirán si el Ministerio Público presenta imputación formal.
