El exdirector de la Senad Mauro Ruiz Díaz Vallejos recibió un revés judicial tras la desestimación de una garantía constitucional solicitada ante la máxima instancia judicial de Paraguay. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar el hábeas corpus preventivo promovido por la defensa del exagente antinarcóticos en el marco de la investigación abierta en su contra. Las pesquisas fiscales indagan supuestos hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y uso de documentos no auténticos.
Decisión de la Corte Suprema sobre el exdirector de la Senad
Al fundamentar su planteamiento ante la máxima sede judicial, el exdirector de la Senad sostuvo en su presentación que existían elementos que ponían en riesgo su integridad y su libertad individual. El recurrente afirmó que el plazo para la apertura formal de las actuaciones penales ya se encontraba extinto conforme a las normas procesales. Aunque reconoció que no soporta una medida cautelar de prisión preventiva, manifestó que persistía una supuesta amenaza jurídica arbitraria sobre sus derechos básicos.
Frente a estos argumentos, los ministros integrantes de la Sala Penal, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes, evaluaron minuciosamente los antecedentes del expediente. El colegiado determinó que no se visualiza un peligro inminente ni una orden ilegítima que pretenda privar de la libertad al encausado. La resolución concluyó que no existen indicios objetivos para inferir que el exfuncionario enfrentará un encierro fuera del marco de la ley.
Desproporciones financieras detectadas por el Ministerio Público
La causa se encuentra a cargo de la agente fiscal Belinda Bobadilla, quien integra la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. De acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público, Ruiz Díaz desempeñó labores en la Secretaría Nacional Antidrogas desde el año 2006. En el mismo proceso se encuentra imputada su exesposa Andrea Martí, quien ingresó a la función estatal en 2015 y mantuvo unión conyugal con el exagente hasta mayo de 2022.
Las pesquisas fiscales revelaron que ambos habrían percibido ingresos salariales sin consignar gastos significativos entre enero de 2015 y diciembre de 2025. Sin embargo, a partir de 2021 comenzaron a ejecutar diversas compras patrimoniales sin recurrir al auxilio de créditos formales ni utilizar los fondos ahorrados previamente. Los investigadores detectaron variaciones desmedidas en los balances mensuales reportados por las entidades bancarias oficiales.
Movimientos bancarios y evolución patrimonial bajo investigación
El análisis técnico contable del patrimonio del exdirector de la Senad arrojó diferencias llamativas en su caja de ahorros habilitada en el Banco Nacional de Fomento. Ruiz Díaz percibió ingresos salariales promedios de G. 10.603.343 en 2020, G. 14.463.361 en 2021, G. 15.662.420 en 2022 y G. 13.389.896 en 2023. A pesar de estas cifras fijas, su saldo pasó de G. 49.922.328 a fines de 2020 a más de G. 313.770.339 al término de 2023.
La conducta financiera presentó patrones similares en la Cooperativa Universitaria, donde el balance pasó de G. 1.527.762 en 2019 a G. 166.039.952 en 2022. Asimismo, en el Banco Continental se identificaron imposiciones en efectivo por un valor global de G. 188.228.250 entre finales de 2022 y enero de 2025. Una situación semejante fue descripta para Andrea Martí, cuyas cuentas bancarias crecieron de forma exponencial frente a sus remuneraciones mensuales ordinarias.
Datos clave
- Garantía desestimada: La Corte Suprema de Justicia descartó que exista una amenaza ilegítima contra la libertad del procesado.
- Hechos punibles investigados: La Fiscalía formuló cargos por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y producción de documentos no auténticos.
- Saldos bajo la lupa: Las cuentas bancarias del exagente registraron incrementos millonarios que superaban ampliamente sus salarios mensuales declarados.
- Situación compartida: La investigación también afecta a la expareja del extitular de Inteligencia, debido a compras y depósitos financieros sin justificación aparente.
