El examen de correspondencia patrimonial aplicado a Santiago Peña volvió al centro del debate legislativo luego de que bancadas opositoras anunciaran la recopilación de antecedentes sobre el proceso. Los parlamentarios cuestionan el actuar de las máximas autoridades de la Contraloría General de la República durante el análisis de los bienes declarados por el exmandatario. La iniciativa legislativa busca determinar si existió una protección institucional indebida en favor del exjefe de Estado.
El diputado Raúl Benítez formalizó las críticas contra el contralor general Camilo Benítez y contra Armindo Torres, quien lideró la revisión patrimonial cuando ocupaba la Dirección General de Declaraciones Juradas antes de ser nombrado subcontralor. De acuerdo con el legislador, el dictamen emitido omitió inconsistencias notorias que requerían una verificación profunda. La sospecha principal apunta a un direccionamiento técnico para avalar el patrimonio del entonces titular del Ejecutivo sin profundizar en los pasivos reportados.
Cuestionamientos al examen de correspondencia y bienes omitidos
Entre las presuntas irregularidades detectadas figura la adquisición de una lujosa residencia de verano situada en la ciudad de San Bernardino. Según expuso el diputado Benítez, el inmueble no figuraba formalmente a nombre del expresidente de la República durante el periodo de estudio. No obstante, las sospechas apuntan a que los fondos y el uso de la propiedad estaban vinculados directamente a su entorno cercano, situación que no habría sido indagada por los auditores institucionales.
La oposición sostiene que el organismo de control tenía la obligación legal de contrastar las declaraciones juradas con los registros públicos y los movimientos bancarios reales. Para los denunciantes, dejar fuera del análisis las operaciones inmobiliarias de alto valor distorsiona cualquier resultado patrimonial. Por esta razón, consideran que las conclusiones favorables emitidas por la institución carecen de sustento técnico válido y ameritan una revisión legislativa inmediata.
El crédito bancario y la capacidad de pago de Santiago Peña
Otro de los puntos críticos de la denuncia involucra un préstamo bancario por valor de 400.000 dólares estadounidenses obtenido por el exmandatario para financiar la vivienda. El diputado Benítez calificó de inexplicable que una entidad crediticia otorgara ese monto sin una constancia clara sobre el origen de los fondos para amortizar la deuda. El legislador recalcó que las cuotas mensuales de esa obligación crediticia superaban aproximadamente seis veces el sueldo que percibía como presidente de la República.
Los antecedentes adquieren mayor relevancia tras las controversias desatadas en el sistema financiero paraguayo y los procesos judiciales relacionados con la firma ueno bank. Cabe recordar que este escándalo financiero derivó en la posterior destitución de Peña mediante juicio político y su reclusión penitenciaria en la cárcel militar de Viñas Cue. La oposición sostiene que las omisiones en el examen de correspondencia facilitaron que operaciones patrimoniales sospechosas quedaran impunes durante su mandato.
Acciones legislativas y revisión de autoridades
Los representantes opositores adelantaron que formalizarán la presentación de estas pruebas ante las comisiones asesoras del Congreso Nacional para solicitar medidas institucionales concretas. La intención es analizar la responsabilidad funcional de Camilo Benítez y de Armindo Torres en el desempeño de sus deberes de fiscalización. Desde el Parlamento advierten que los órganos de control no pueden actuar como escudos protectores del poder político de turno.
El seguimiento de este caso cobra especial interés en el ámbito político nacional, dado el impacto que tiene la transparencia de las declaraciones patrimoniales en la lucha contra la corrupción pública. Los sectores que impulsan la investigación aseguran que continuarán reuniendo documentación contable para esclarecer si hubo complicidad dolosa en el análisis final emitido por la entidad fiscalizadora.
Datos clave
- El diputado Raúl Benítez denunció presunta complicidad del contralor Camilo Benítez y del subcontralor Armindo Torres en la fiscalización de Santiago Peña.
- Un crédito de 400.000 dólares es objeto de cuestionamiento debido a que las cuotas mensuales representaban alrededor de seis veces el sueldo presidencial.
- La propiedad en San Bernardino presuntamente ligada al exmandatario no figuraba a su nombre y no fue profundizada en el informe oficial de bienes.
- La oposición parlamentaria reúne evidencias documentales para solicitar la reapertura de la auditoría y evaluar responsabilidades en la Contraloría.






