Los ex ministros de Bolivia quedaron formalmente bajo investigación penal tras la apertura de dos causas judiciales por presuntos hechos de corrupción y mal desempeño de funciones. Las pesquisas alcanzan a colaboradores de las administraciones de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, en un escenario institucional tenso en La Paz.
Una de las causas principales analiza presuntas anomalías en la adquisición e implementación de un sistema de vigilancia aérea contratado a una firma europea. La segunda causa penal apunta a la supuesta omisión deliberada de decenas de reportes financieros oficiales solicitados para esclarecer movimientos económicos sospechosos.
Las pesquisas contra ex ministros de Bolivia por radares
El Ministerio de Defensa radicó una querella formal que involucra a cuatro antiguos titulares de dicha cartera estatal. El expediente incluye a Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, colaboradores de la administración de Evo Morales, junto a Luis Fernando López, de la gestión de Jeanine Áñez, y Edmundo Novillo, ex funcionario del periodo de Luis Arce que resultó aprehendido tras brindar su declaración.
El proyecto original contempló una erogación cercana a los 191 millones de euros mediante un acuerdo pactado en agosto de 2016 con la proveedora Thales. La finalidad radicaba en instalar trece radares para monitorear el espacio aéreo, complementados con salas de control y redes de comunicaciones militares y civiles.
Conforme a los informes de auditoría, once de las trece unidades presentaron fallas graves en sus operaciones, detectándose además dos equipos totalmente inoperativos. La Procuraduría General del Estado cuantificó el perjuicio económico preliminar en más de 1.478 millones de bolivianos, equivalentes a unos 128 millones de dólares en la cotización vigente al momento de las transferencias.
Modificaciones contractuales y descargos de los acusados
Los investigadores observaron que el cronograma de trabajo estipulaba un periodo de 31 meses para la culminación integral de las obras. No obstante, sucesivas adendas ampliaron el plazo contractual a 98 meses a lo largo de los sucesivos mandatos ministeriales analizados por la fiscalía.
Ante las acusaciones por contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, el ex ministro Reymi Ferreira argumentó públicamente que las objeciones perjudican la soberanía aérea boliviana. A su criterio, cuestionar el convenio impide que la empresa garantice los repuestos que permitan combatir con eficacia los vuelos irregulares del narcotráfico.
Las autoridades judiciales bolivianas sostienen que cada autoridad firmante debe justificar las condiciones bajo las cuales se validaron los plazos extendidos y la recepción de la tecnología averiada. Por tal motivo, los ex ministros de Bolivia deberán comparecer ante los tribunales competentes para esclarecer la cadena de aprobaciones técnicas y presupuestarias.
El expediente por datos financieros retenidos
El segundo caso compromete a Teresa Morales, antigua titular de la cartera de Desarrollo Productivo y ex directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras. La denuncia impulsada por el Viceministerio de Transparencia señala la falta de contestación a 65 requerimientos oficiales vinculados a posibles irregularidades bancarias de personas con alto perfil político.
Los tipos penales planteados comprenden revelación de secreto profesional, uso indebido de información privilegiada y omisión de deberes de funcionario público. Según los denunciantes, la ausencia de respuestas oportunas pudo entorpecer investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de diversas figuras públicas.
La ex funcionaria rechazó categóricamente los cargos formulados en su contra y manifestó que todos los dictámenes se canalizaban según las normativas vigentes. Afirmó que la confección de informes dependía de mandatos fiscales concretos y atribuyó las irregularidades señaladas a otras gestiones institucionales posteriores a su renuncia en 2019.
Impacto regional y próximos pasos judiciales
El desarrollo de estas causas genera un fuerte impacto político en el país vecino y repercute en el Cono Sur, especialmente por los temas vinculados al control fronterizo del tráfico aéreo ilícito. El seguimiento penal continuará en las próximas semanas con audiencias cautelares destinadas a evaluar medidas privativas de libertad o restricciones de viaje.
Los tribunales deberán definir si admiten las pericias técnicas propuestas sobre los radares y si citan a los representantes legales de la empresa proveedora. En cuanto al caso financiero, los fiscales analizarán los archivos digitales para determinar por qué no salieron los informes requeridos.
Datos clave
- Cinco ex ministros indagados: Las causas abarcan a cuatro ex titulares de Defensa y a una ex titular de Desarrollo Productivo y de la UIF.
- Pérdida millonaria calculada: La Procuraduría estimó un presunto daño superior a los 128 millones de dólares por equipos aéreos deficientes.
- Plazos multiplicados: El plan de instalación de 13 radares pasó de 31 a 98 meses a través de siete enmiendas de contrato.
- Causa financiera paralela: Se investiga el bloqueo injustificado de 65 pedidos de datos en la oficina antilavado boliviana.
