Un canal oficial para la entrega de pandilleros fue habilitado por las autoridades de seguridad en Honduras para que integrantes de grupos ilícitos abandonen sus filas. El director de la institución uniformada anunció la activación de un número telefónico confidencial para coordinar las rendiciones ante la Justicia. La disposición surge en una etapa de endurecimiento de las penas y persecución frontal a las redes criminales en el territorio centroamericano.
Advertencia policial y entrega de pandilleros
El comisionado Rigoberto Oseguera Mass, máxima autoridad del cuerpo policial hondureño, confirmó la puesta en marcha de la línea 8791-2158. Dicho contacto recibirá comunicaciones de miembros vinculados a maras, pandillas y la facción delictiva denominada Cártel del Diablo que busquen someterse a los procesos judiciales pertinentes.
El titular institucional advirtió que quienes no aprovechen la entrega de pandilleros enfrentarán el despliegue de las fuerzas de seguridad en operativos permanentes de búsqueda. Asimismo, detalló que funcionarios capacitados en la contención y tratamiento de testigos gestionarán cada llamada recibida para garantizar un procedimiento formal y seguro.
Penas severas y reformas al Código Penal
La estrategia coincide con cambios normativos orientados a castigar con mayor rigor a los grupos catalogados judicialmente como terroristas. Quienes formen parte de estas redes enfrentan condenas previstas de treinta a cuarenta años de encierro según las modificaciones legales.
Para los cabecillas de estas facciones, el marco legal contempla penas que parten desde los cuarenta años hasta el presidio perpetuo. Con este esquema punitivo, el Estado hondureño pretende limitar la operatividad y neutralizar el mando de las organizaciones complejas que operan en diversas regiones.
Restricciones carcelarias bajo el nuevo régimen
De forma complementaria, el Poder Legislativo respaldó el Decreto 208-2026 que instaura un sistema penitenciario estricto en pabellones de máxima seguridad. Los reclusos vinculados a estas agrupaciones permanecerán sujetos a escoltas permanentes, monitoreo electrónico mediante sensores y cámaras, además de inspecciones cotidianas en las celdas.
El régimen carcelario suprime la tenencia de aparatos tecnológicos como televisores, computadoras y teléfonos para impedir comunicaciones clandestinas hacia el exterior. Además, prohíbe el ingreso de dinero en efectivo, raciones de comida particulares o visitas de carácter íntimo para los internos de este perfil.
Los procesados dispondrán de una sola comunicación telefónica supervisada al mes por un lapso de diez minutos con contactos registrados. Las audiencias judiciales se tramitarán por medios telemáticos para prevenir traslados innecesarios y minimizar riesgos de fuga durante los desplazamientos.
Medidas de aislamiento y control interno
Las normas internas también reducen al mínimo el desplazamiento de los internos dentro de las penitenciarías habilitadas. El tiempo de recreación en los patios queda fijado en una hora cada siete días, complementado por media hora de caminata en pasillos.
Los profesionales del derecho solo podrán entrevistarse una vez por semana con sus defendidos, mientras que los parientes requerirán autorizaciones singulares sin contacto físico. Por otra parte, la facilitación de la entrega de pandilleros busca descomprimir el conflicto y brindar una alternativa previa a la captura armada.
Datos clave
- Línea telefónica: la Policía Nacional habilitó el número 8791-2158 para canalizar presentaciones voluntarias ante la Justicia.
- Sanciones elevadas: las leyes contemplan entre 30 y 40 años de cárcel a integrantes y hasta cadena perpetua para líderes.
- Aislamiento penitenciario: el Decreto 208-2026 veta tecnología, restringe visitas familiares y limita llamadas a diez minutos mensuales.
- Audiencias virtuales: las diligencias judiciales se efectuarán por videoconferencia para evitar traslados de internos de alta peligrosidad.
