Las fuerzas de seguridad activaron una intensa búsqueda contra Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno de Bolivia, tras ejecutar una orden de allanamiento en su residencia particular de la ciudad de La Paz. La intervención no logró ubicar al exfuncionario, quien permanece en condición de prófugo de la justicia. El procedimiento responde a una causa penal abierta por supuestos lazos con el esquema criminal transnacional que lidera el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Allanamientos y operativos en La Paz
El procedimiento policial estuvo a cargo de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en una propiedad ubicada en la zona de Sopocachi. A pesar del despliegue de los agentes antinarcóticos y de las revisiones minuciosas dentro del inmueble, el exministro no se encontraba en el lugar. Las autoridades confirmaron que continuarán los rastrillajes en diferentes puntos del territorio boliviano y en zonas fronterizas.
El actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, comunicó de manera pública que las fuerzas del orden mantienen órdenes directas de captura. Oviedo remarcó que las pesquisas buscan determinar si existió una estructura institucional montada para brindar impunidad a personas vinculadas con el tráfico internacional de sustancias ilícitas. Por esa razón, los allanamientos continuarán sobre otros inmuebles relacionados con los investigados.
Las acusaciones que pesan sobre Eduardo del Castillo
La causa judicial contra Eduardo del Castillo cobró fuerza tras la difusión de declaraciones atribuidas a Sebastián Marset. De acuerdo con lo expuesto por el ministro Oviedo, el presunto narcotraficante uruguayo afirmó en un registro audiovisual que mantenía comunicación fluida con la exautoridad ministerial boliviana. En dicho testimonio, Marset sostuvo que realizaba entregas periódicas de 500.000 dólares tanto a Del Castillo como a otras figuras de la magistratura judicial boliviana.
A raíz de estos señalamientos, el Ministerio Público de Bolivia abrió una investigación formal para verificar el flujo de dinero y los presuntos favores estatales. El proceso busca determinar si los pagos declarados tenían como finalidad facilitar la fuga de Marset de suelo boliviano o desviar los operativos de captura en su contra.
Detenciones en el sistema judicial y policial
El expediente no se limita a la esfera política, sino que ya derivó en la detención preventiva de figuras clave del sistema de justicia. Entre los procesados figura el exfiscal general Róger Mariaca, así como el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos. También guardan reclusión el exabogado y exfiscal Martín Irusta y el mayor de la Policía Rubén Aparicio, todos imputados por presunta organización criminal y narcotráfico.
De forma paralela, la Fiscalía sumó una segunda investigación contra el exfiscal general tras la incautación de una suma millonaria. Los agentes hallaron 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares ocultos en una ambulancia que había salido de la vivienda de Mariaca. Este decomiso reforzó las sospechas sobre la existencia de una presunta red corrupta que operaba desde despachos fiscales para proteger cargamentos y alertar sobre órdenes de captura.
La conexión con Paraguay y el impacto regional
El avance de estas pesquisas en Bolivia resulta de alto interés para la justicia paraguaya, país donde Sebastián Marset tiene abierta una causa prioritaria en el marco del operativo A Ultranza PY. Las autoridades locales siguen con atención los testimonios y los nexos descubiertos en el país vecino, ya que la ruta del tráfico de cocaína vincula directamente a ambas naciones antes del despacho de las cargas hacia Europa.
El esclarecimiento de la presunta complicidad de altos funcionarios gubernamentales y judiciales en Bolivia podría arrojar nuevos datos sobre los escondites, testaferros y rutas logísticas utilizadas por la organización criminal. Por ahora, las alertas migratorias continúan activadas en las fronteras de los países de la región para evitar que los investigados evadan los procesos abiertos.
Datos clave
- Estado procesal: La Policía Boliviana declaró formalmente como prófugo a Eduardo del Castillo tras allanar sin éxito su vivienda en Sopocachi.
- Declaraciones de Marset: La investigación se sustenta en un testimonio donde el prófugo uruguayo afirmó pagar sobornos de 500.000 dólares a autoridades bolivianas.
- Judiciales detenidos: El exfiscal general Róger Mariaca y otros tres exoperadores judiciales se encuentran con prisión preventiva por narcotráfico y organización criminal.
- Dinero incautado: La Fiscalía abrió un nuevo proceso tras decomisar más de 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares en una ambulancia vinculada a Mariaca.
