Los diputados de Nicaragua acumularon 63 días sin asistir a sesiones plenarias ni a reuniones de comisiones, manteniendo el cobro íntegro de sus remuneraciones entre julio y septiembre de 2026. Esta prolongada paralización de la labor legislativa afectó a 79 de los 91 integrantes de la Asamblea Nacional, mientras una comitiva reducida realizaba giras en el interior para promover una enmienda a la Carta Magna promovida por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La inactividad formal coincidió con el proceso de consulta territorial de los cambios institucionales impulsados por el Ejecutivo. La investigación difundida por Confidencial.digital reveló que la gran mayoría de los congresistas no tramitó proyectos ni participó en debates en el hemiciclo durante este intervalo de dos meses.
El impacto de los recesos en el Congreso de Managua
Al considerar el esquema ordinario que fija la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los parlamentarios ya gozan de 49 jornadas de descanso reglamentario al año. Dicha normativa contempla dos semanas libres entre julio y agosto, 24 días por las festividades de fin de año y otros diez días correspondientes a la Semana Santa.
Con la reciente suspensión extraordinaria, los diputados de Nicaragua llegarán a totalizar unos 112 días sin actividad parlamentaria ordinaria durante 2026. Aunque el Estado no publica los registros salariales actualizados de los funcionarios, cálculos basados en reportes anteriores sitúan la remuneración de cada legislador en unos 96.251,72 córdobas, monto que ronda los 3.522 dólares y equivale a siete salarios mínimos del país centroamericano.
Actualmente, el Parlamento unicameral funciona con 91 legisladores en lugar de los 92 contemplados originalmente en la Constitución. La vacancia se debe a que la banca destinada al mandatario saliente quedó desierta tras la consecutiva reelección de Ortega.
Un cronograma marcado por consultas y trámites exprés
El cese de las convocatorias regulares inició formalmente el 28 de julio, momento en que Gustavo Porras, titular del parlamento, presentó la iniciativa constitucional para abrir una primera fase de encuentros ciudadanos. La plenaria recién volvió a convocarse el 1 de septiembre en la ciudad de León, donde el proyecto se aprobó a mano alzada.
Durante todo agosto no existió tratamiento de leyes comunes. El recinto solo abrió para actos protocolares específicos, como la conmemoración de la toma del Palacio Nacional y el aniversario del suceso de Pancasán. Posteriormente, a partir del 3 de septiembre, la presidencia ordenó una segunda etapa de recorridos comunales, paralizando nuevamente las mesas de trabajo y el ingreso de proyectos normativos.
Antes de este extenso receso, la última disposición sancionada fue la creación de la Dirección General de Transporte Acuático. Esa normativa traspasó el manejo de dicha área a la órbita de las Fuerzas Armadas, restando atribuciones al Ministerio de Transporte e Infraestructura.
La labor de la comisión especial y el regreso al recinto
El despliegue en el territorio estuvo a cargo exclusivo de una Comisión Especial de Carácter Constitucional integrada por 12 diputados de Nicaragua. La comitiva contó con figuras del oficialismo sandinista como Arling Alonso, Wilfredo Navarro, Edwin Castro y Wálmaro Gutiérrez, además de representantes del Partido Liberal Constitucionalista y de la Alianza Liberal Nicaragüense.
Los registros de la prensa independiente señalaron que en las reuniones consultivas tomaron parte parientes directos del mandatario, incluyendo cinco de sus hijos, una nuera y un consuegro, junto con empleados públicos dependientes del oficialismo. La labor legislativa general se reanudó el 29 de septiembre únicamente para avalar con dispensa de trámite un convenio sobre inteligencia artificial, sin respetar el plazo ordinario de presentación.
Datos clave
- 79 legisladores de los 91 que componen la Asamblea Nacional pasaron 63 días sin acudir a sesiones ordinarias ni comisiones de trabajo.
- 112 días sin legislar sumarán los miembros del Parlamento en 2026 al agregar las vacaciones obligatorias y feriados establecidos por ley.
- 3.522 dólares mensuales percibe estimativamente cada parlamentario de acuerdo con los últimos registros de ingresos difundidos por la prensa.
- 12 congresistas integraron la delegación especial que asumió de forma exclusiva las consultas de la reforma constitucional en varios municipios.
