Frente a las deudas en colegios privados, el Ministerio de Educación y Ciencias remarcó que las instituciones no pueden privar a los estudiantes de rendir exámenes ni retener sus calificaciones. La advertencia ministerial busca proteger la continuidad pedagógica en todo el país ante la proximidad del cierre de año lectivo. La cartera de Estado enfatizó que ningún conflicto financiero con los padres debe repercutir en el derecho constitucional de los menores a educarse.
La cartera educativa emitió una circular recordando los alcances de la Ley N.º 5738/16. Dicho marco legal rige para todas las instituciones educativas de gestión privada del territorio nacional. La normativa fue diseñada específicamente para evitar que las familias que atraviesan dificultades económicas sufran medidas de presión sobre sus hijos en las aulas.
Las prohibiciones que rigen ante deudas en colegios privados
El artículo segundo de la legislación vigente detalla con precisión las prácticas prohibidas dentro de los establecimientos privados. Las escuelas y colegios no tienen permitido denegar la toma de pruebas evaluativas, ya sean parciales o finales, a causa de la mora de los tutores. La reglamentación busca precautelar el bienestar emocional de los escolares durante los periodos de prueba.
Del mismo modo, queda estrictamente prohibida la retención de libretas de calificaciones y reportes de exámenes. Los directivos tampoco pueden difundir listas de morosos o hacer público el estado financiero de las familias frente a la comunidad escolar. La ley prohíbe igualmente dar por vencidas cuotas futuras no devengadas y sancionar a los alumnos con cualquier restricción que afecte su permanencia en clase.
Multas y sanciones para las instituciones infractoras
El Ministerio de Educación y Ciencias actúa como órgano de aplicación y fiscalización de la mencionada norma. Las instituciones que no respeten estas disposiciones se exponen a fuertes sanciones económicas estipuladas en la ley. Las multas oscilan entre cinco y cincuenta salarios mínimos legales para actividades diversas no especificadas, monto que puede resultar significativo para la administración escolar.
Las autoridades señalaron que la fiscalización se reforzará en esta etapa del año escolar para asegurar que todos los alumnos concluyan sus evaluaciones. Los equipos de supervisión pedagógica y jurídica tienen la indicación de intervenir de oficio ante cualquier irregularidad reportada en las diferentes zonas del país.
Canales habilitados para denuncias de las familias
Para garantizar el cumplimiento de las garantías educativas, la secretaría de Estado instó a padres y tutores a presentar reclamos formales. Aquellos que enfrenten bloqueos o condicionamientos por morosidad pueden recurrir a las oficinas distritales o a los canales virtuales habilitados.
Las denuncias pueden remitirse directamente a las direcciones electrónicas institucionales quejas@mec.gov.py y quejas.dgdp@mec.gov.py. Toda la documentación aportada por las familias permite iniciar los sumarios correspondientes y aplicar las penalidades previstas para resguardar el interés superior del niño.
Datos clave
- Marco legal vigente: La Ley N.º 5738/16 protege a los alumnos del sistema privado ante retrasos económicos de sus responsables.
- Prácticas prohibidas: No se pueden retener libretas de notas, impedir exámenes ni exhibir públicamente a las familias con atrasos.
- Sanciones monetarias: Los colegios infractores se exponen a multas que van desde cinco hasta cincuenta salarios mínimos legales.
- Vías de reclamo: Las denuncias se reciben en los correos quejas@mec.gov.py y quejas.dgdp@mec.gov.py para intervención oficial.
