La detención de Roger Mariaca fue resuelta por la justicia de Bolivia por un período de 180 días, en el marco de una investigación penal por presunta protección estatal a estructuras del narcoterrorismo. La resolución fue dictada por el juez Juan Carlos Montalban tras una audiencia cautelar que se prolongó por más de quince horas continuas en la sede judicial.
El fiscal asignado al caso, Edwin Sarmiento, confirmó que la autoridad judicial dispuso el traslado del ex fiscal general hacia el penal de Cantumarca, situado en el departamento de Potosí. La causa no se limita al máximo exresponsable del Ministerio Público, sino que involucra a otros funcionarios de jerarquía dentro del sistema de administración de justicia.
Resoluciones judiciales y traslados penitenciarios
Entre los imputados figura el ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, a quien se le impuso idéntico plazo de reclusión cautelar que deberá cumplir en el recinto penitenciario de El Abra, en Cochabamba. Por su parte, el fiscal superior Martín Irusta fue derivado a la cárcel de Patacamaya, ubicada en la zona del altiplano del departamento de La Paz.
El proceso también comprende a un mayor de la Policía boliviana, para quien el tribunal ordenó encarcelamiento preventivo en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Todos los sospechosos habían sido aprehendidos por efectivos de seguridad y permanecían bajo custodia en dependencias operativas antidrogas emplazadas en la ciudad de El Alto, mientras el Ministerio Público les atribuye delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
Reformas legales y crisis en el Ministerio Público
En forma previa a las resoluciones cautelares, el Gobierno de Estados Unidos formalizó la revocatoria de visados a Mariaca, Zeballos e Irusta. Washington incluyó a las exautoridades en una nómina de jerarcas sindicados de supuesta corrupción y de atentar contra la estabilidad de administraciones gubernamentales democráticas.
Ante este escenario, el Parlamento boliviano aprobó con celeridad una modificación a la Ley de Organización del Ministerio Público para posibilitar la suspensión definitiva del fiscal general si enfrenta imputaciones formales con pedidos de prisión. El mandatario Rodrigo Paz promulgó de manera inmediata la legislación, lo que derivó en la inmediata destitución del funcionario investigado.
El Congreso designó como titular interino del Ministerio Público a José Armando Urioste, profesional del derecho con 35 años de trayectoria jurídica. El nuevo fiscal general provisional adelantó que llevará adelante auditorías profundas dentro del organismo, al considerar que la institución fue instrumentalizada para fines extorsivos de encubrimiento ilícito.
Medidas cautelares tras la detención de Roger Mariaca y el caso Marset
El Poder Ejecutivo boliviano sostiene que existieron irregularidades previas que facilitaron el resguardo judicial de bandas criminales trasnacionales. Por ese motivo, la detención de Roger Mariaca responde también a cuestionamientos sobre la protección brindada con anterioridad a la red atribuida al uruguayo Sebastián Marset, quien eludió capturas anteriores en territorio cruceño.
Marset permaneció en condición de prófugo hasta que fue detenido en marzo durante un procedimiento en el que no participó el Ministerio Público local, hecho que derivó en su traslado hacia Norteamérica. Por tales motivos institucionales, la detención de Roger Mariaca representa una derivación directa de las alertas emitidas por órganos internacionales respecto a la infiltración de redes de tráfico en dependencias judiciales de la región.
Datos clave
- Prisión por 180 días: El juez Juan Carlos Montalban ordenó la reclusión preventiva del ex fiscal general en la cárcel de Cantumarca, en Potosí.
- Otros funcionarios implicados: La resolución judicial afecta también a los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta, además de un jefe policial.
- Delitos atribuidos: El Ministerio Público investiga a los procesados por la supuesta comisión de organización criminal y tráfico de sustancias ilícitas.
- Cambio legislativo e interinato: El Parlamento aprobó una reforma legal para remover a Mariaca y posesionó a José Armando Urioste al frente de la Fiscalía General.
