La justicia estadounidense frenó los despidos en FEMA al determinar que la directiva promovida bajo la administración de Donald Trump para recortar la plantilla de emergencias resultó contraria a la ley. La resolución fue dictada este viernes por la jueza federal Susan Illston en California, tras una demanda presentada por organizaciones sindicales de empleados públicos. La magistrada concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de forma arbitraria al quitar competencias contractuales a la entidad de socorro.
El fallo judicial contra los despidos en FEMA
El pronunciamiento judicial cuestionó las restricciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el Cadre de Respuesta y Recuperación de Guardia, conocido como CORE. Este grupo representa cerca del cuarenta por ciento del personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y constituye el primer contingente desplegado ante catástrofes naturales. Tradicionalmente, sus integrantes accedían a contratos de hasta cuatro años con renovaciones automáticas habituales.
Durante la implementación de planes para achicar la burocracia federal, el gobierno limitó esas contrataciones a solo ciento ochenta días y luego ordenó dejar vencer los acuerdos. La jueza Illston remarcó que una ley sancionada por el Congreso en 2006 prohíbe disminuir de forma sustancial las responsabilidades y funciones operativas de la entidad. Por ello, determinó que el ministerio no presentó justificaciones razonadas para alterar los mecanismos de contratación vigentes.
Eliminación de mensajes y controversia sobre pruebas
La resolución judicial también dedicó duras críticas al comportamiento de exautoridades debido a la pérdida de información relevante para el proceso. De acuerdo con el expediente, la exdirectora interina de la entidad Karen Evans y el ex vicesecretario general del DHS Joseph Guy utilizaron la aplicación de mensajería cifrada Signal para coordinar acciones. Los mensajes intercambiados fueron configurados con borrado automático tras cumplirse determinados plazos.
La magistrada calificó estas acciones como intencionales y contrarias a las normas federales de archivo documental. Como consecuencia jurídica, el juzgado estableció que en las próximas audiencias se presumirá que aquellos textos destruidos contenían pruebas desfavorables para la postura del gobierno. La jueza destacó que los funcionarios conocían las directivas oficiales de custodia de registros por sus funciones previas.
La disputa sindical y el impacto operativo
La demanda sindical surgió como respuesta directa a los despidos en FEMA que afectaban la estabilidad de cientos de técnicos y coordinadores de campo. Las organizaciones gremiales AFL-CIO y la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno reclamaron frenar la pérdida de personal clave. Informes técnicos oficiales ya habían señalado con anterioridad la existencia de un déficit de más de seis mil funcionarios para atender situaciones de desastre.
Aunque el tribunal no ordenó la restitución automática de todos los contratos finalizados desde principios de año, dispuso que las partes negocien medidas de reparación equilibradas. Desde la agencia indicaron mediante un comunicado que mantienen equipos especializados listos para intervenir en emergencias y garantizar la coordinación de ayuda en todo el país.
Datos clave
- Ilegalidad del recorte: La justicia federal determinó que el plan gubernamental para reducir la plantilla técnica careció de respaldo legal y violó normativas vigentes.
- Equipos operativos afectados: La medida incidía sobre los equipos CORE, que representan cerca del 40 % de la fuerza de respuesta ante huracanes e inundaciones.
- Sanción procesal por pruebas: La jueza constató el borrado irregular de mensajes en la plataforma Signal y presumirá que la información destruida perjudica al gobierno.
- Límites a la reducción: La legislación estadounidense prohíbe de forma expresa achicar las atribuciones sustanciales del organismo de emergencias.
