Los recientes despidos en Cuba han generado un fuerte reclamo de empleados gastronómicos de La Habana, quienes denuncian que acumulan tres meses sin percibir salarios ni recibir indemnizaciones. La medida se produce mientras el régimen traspasa cafeterías, restaurantes y bodegas públicas hacia la gestión de micro, pequeñas y medianas empresas privadas conocidas como mipymes. Según testimonios recolectados por medios independientes como 14ymedio, la falta de fondos públicos para el mantenimiento y abastecimiento de los recintos impulsó esta reestructuración comercial.
El repliegue del Estado no se limita a locales gastronómicos de gran afluencia. La reconversión también alcanzará a la red de bodegas del municipio de San Miguel del Padrón, donde las autoridades planean mantener únicamente un local estatal por reparto para garantizar la cuota racionada de leche infantil, mientras que el resto de las dependencias pasará a manos de administradores privados.
Denuncias de citaciones individuales e indefensión laboral
Entre los afectados se encuentra Hugo, un trabajador de 57 años que prestó servicios durante dos décadas en la red gastronómica oficial y que hoy permanece desempleado en su domicilio. El trabajador relató que los directivos de las empresas municipales de Comercio y Gastronomía citaron a cada dependiente por separado con el objetivo de desactivar cualquier intento de manifestación o reclamo grupal. En dichas entrevistas, los funcionarios comunicaron el fin de la gestión pública en el sector.
Los empleados recibieron un periodo de gracia de noventa días para intentar reubicarse antes de que los inmuebles sean entregados a cuentapropistas o sociedades comerciales. No obstante, los testimonios coinciden en que los nuevos inquilinos prescindirán del personal histórico para colocar a sus propios equipos o parientes. En medio de esta transición, los afectados no reciben pagos estatales ni aportes de los futuros arrendatarios, lo que profundiza la gravedad de estos despidos en Cuba.
Entre los establecimientos perjudicados en la capital figuran locales reconocidos como El Alcoy y El Carrusel, situados en la Virgen del Camino; El Terry, sobre Vía Blanca; y Los Panecitos, en el barrio de San Francisco de Paula. Todos estos centros dependían directamente del aparato estatal de distribución y servicios.
Reubicaciones inviables y vulneración de la normativa
La crisis salarial golpea también a trabajadoras con amplia trayectoria administrativa. Migdalia, de 49 años, quien se desempeñó durante una década como contable en una cafetería pública, denunció que las autoridades justifican el impago argumentando una total carencia de liquidez en las dependencias de Gastronomía. Como presunta alternativa laboral, le ofrecieron un puesto en el paradero de ómnibus de Guanabo, un destino impracticable al implicar un gasto diario de 2.500 pesos en pasajes desde su residencia en San Miguel del Padrón.
Esta ola de despidos en Cuba ocurre a pesar de la reciente entrada en vigor del nuevo Código de Trabajo, la Ley 189 de 2026, aprobada a finales de septiembre. Dicha norma exige justificar de manera técnica y económica las reducciones de personal, debatir las reestructuraciones con asambleas de trabajadores y garantizar un piso de ingresos durante los periodos de cesantía involuntaria.
Sin embargo, los damnificados aseguran que las directivas se ejecutan como decisiones impuestas desde esferas superiores, anulando en la práctica los mecanismos de protección contemplados en el texto legal. Por su parte, la Central de Trabajadores de Cuba, la única entidad sindical reconocida de manera oficial en la isla, mantiene silencio sobre el volumen real del personal que ha quedado desamparado.
Datos clave
- Impago prolongado: Los empleados afectados acumulan tres meses continuos sin cobrar salarios ni percibir liquidaciones por cese laboral.
- Traspaso a mipymes: El Estado transfiere cafeterías, restaurantes y bodegas a operadores privados debido a la falta de presupuesto para reparaciones y suministros.
- Citaciones aisladas: Las empresas de Comercio y Gastronomía convocaron a los operarios de forma individual para desarticular reclamos colectivos.
- Infracción normativa: Las cesantías se implementan sin cumplir las salvaguardas económicas previstas en el nuevo Código de Trabajo de la isla.






