Una investigación por presunto desfalco en Senasa derivó en el envío a prisión preventiva de ocho personas en República Dominicana. La resolución judicial fue tomada por el magistrado Rigoberto Sena, quien integra la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. La pesquisa analiza un desvío que rondaría los 40 millones de pesos dominicanos contra los fondos del Seguro Nacional de Salud.
El juzgado acogió además la petición de calificar la causa como un proceso de tramitación compleja. Esta figura jurídica otorga al Ministerio Público plazos más extensos para profundizar las indagatorias ante el volumen de imputados, la multiplicidad de hechos señalados y la hipótesis de presunta delincuencia organizada.
Medidas cautelares y centros de reclusión
El magistrado fijó dieciocho meses de reclusión preventiva para este grupo de procesados, tal como había planteado la fiscalía. Los imputados identificados como Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron derivados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Por su parte, las encausadas Isabel Heredia Vallejo, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Hanna Rashell Rodríguez Almanzar y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la disposición cautelar en el recinto penitenciario Najayo Mujeres. La medida impuesta no representa una condena definitiva, por lo que las defensas técnicas mantienen la potestad de recurrir el fallo mientras concluye la etapa preparatoria.
El esquema del presunto desfalco en Senasa
La causa, caratulada en el marco de la denominada Operación Cobra 2.0-A, examina maniobras ilícitas que habrían lesionado el patrimonio del organismo estatal de cobertura sanitaria. Las auditorías agregadas a la investigación señalan al médico cirujano Einstein Rafael Borromé Valdez como supuesto cabecilla de una red que facturaba servicios médicos no prestados, luego de que veintiocho afiliados negaran haber recibido dichas atenciones.
Durante la audiencia de medidas de coerción, el Ministerio Público exhibió 706 elementos probatorios. Según informaron los representantes fiscales, dicho acervo documental y pericial derivó en que trece personas reconocieran su participación en los hechos investigados en el desfalco en Senasa. La fiscalía requirió arresto domiciliario para nueve acusados que admitieron los cargos y optaron por cooperar con la justicia.
Persecución contra la corrupción administrativa
El procurador adjunto Wilson Camacho puntualizó que la solidez probatoria respalda las solicitudes procesales del órgano persecutor. A su turno, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, remarcó que las maniobras investigadas vulneraron directamente el derecho a la salud pública de la ciudadanía. Ortiz también destacó que el empleo de pagos en efectivo habría buscado entorpecer la trazabilidad del dinero defraudado.
Este expediente se conecta con una primera fase investigativa en la cual fue aprehendido el exdirector de la institución, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy. El Ministerio Público solicitó una prórroga de cuatro meses para formalizar la acusación definitiva contra este último y otros procesados por la supuesta estafa.
Datos clave
- Ocho personas fueron remitidas a prisión preventiva por orden de un juez del Distrito Nacional en República Dominicana.
- El perjuicio económico investigado alcanza aproximadamente 40 millones de pesos dominicanos sustraídos del seguro público de salud.
- La causa fue declarada compleja y el Ministerio Público presentó más de setecientos elementos de prueba en la audiencia.
- Trece de los imputados admitieron su vinculación con los hechos tras la exhibición del acervo probatorio de la fiscalía.
