Un trágico derrumbe en São Paulo provocó la muerte de la compatriota Ana Lucía Ruiz Romero, de 38 años, quien formaba parte de las seis personas que perdieron la vida al desplomarse una torre en desarrollo sobre una residencia contigua. El suceso aconteció en horas de la madrugada en el barrio Penha, ubicado en el sector este de la capital paulista. En el inmueble afectado residía un grupo familiar de origen boliviano y funcionaba además un taller textil.
La estructura de hasta doce pisos cayó aproximadamente a las dos de la mañana sobre la calle Tequici. Ocho personas permanecían adentro de la casa alcanzada por los restos de concreto y varillas de hierro. Los cuerpos de auxilio consiguieron retirar con vida a dos habitantes, quienes recibieron atención médica de urgencia en el Hospital Municipal del Tatuapé con diversas lesiones superficiales.
Labores de rescate y saldo de víctimas
El operativo humanitario desplegado tras el siniestro demandó más de veinticuatro horas ininterrumpidas de labor entre toneladas de escombros. La comitiva estuvo integrada por decenas de miembros del Cuerpo de Bomberos, especialistas de Defensa Civil, cuadrillas comunales y canes rastreadores entrenados para localizar sobrevivientes. Los rescatistas concluyeron las tareas en el terreno luego de hallar los restos de una niña de siete años.
El recuento oficial de fallecidos comprende a tres mujeres, dos hombres y la menor de edad citada por los rescatistas. A excepción de la ciudadana paraguaya, los demás ocupantes fallecidos compartían la nacionalidad boliviana y lazos consanguíneos. El consulado paraguayo sigue habitualmente este tipo de episodios para gestionar la asistencia y los trámites de repatriación pertinentes con los familiares.
Antecedentes de la obra antes del derrumbe en São Paulo
Las averiguaciones administrativas develaron que la edificación arrastraba un historial de infracciones urbanísticas y requerimientos desoídos. Datos proveídos por la Prefectura de la ciudad señalan que las faenas se iniciaron en 2019 sin contar con las autorizaciones formales exigidas por las normativas vigentes. Posteriormente, disposiciones de la Justicia local ordenaron frenar el proyecto hasta tanto se subsanaran los incumplimientos.
Los informes oficiales detallan que un plan posterior exigía demoler por completo las estructuras iniciales antes de reiniciar cualquier levantamiento edilicio. Los investigadores examinan si dicha demolición técnica llegó a concretarse o si los operarios construyeron encima de bases no homologadas. Por su parte, la Controladoria-Geral do Município intervino para auditar a los inspectores y paralizar los permisos de las firmas involucradas en el derrumbe en São Paulo.
Acciones judiciales e imputaciones de los responsables
En el plano penal, efectivos de la Policía Civil arrestaron a Ronaldo Vivacqua, considerado por los investigadores como socio no declarado de la firma constructora New Home. Al mismo tiempo, las instancias judiciales firmaron órdenes de detención provisoria contra el ingeniero Cristiano Vivacqua y la colaboradora Isis Brandão, quienes fueron declarados en rebeldía procesal por mantenerse con paradero desconocido.
Representantes de la constructora señalaron mediante comunicados que pusieron en marcha un análisis pericial independiente para determinar los factores del colapso. Desde la compañía aducen que no existen fundamentos concluyentes para atribuir el siniestro a deficiencias constructivas propias, apuntando a posibles desestabilizaciones del suelo causadas por remociones de tierra en un terreno colindante. Las pericias geológicas y forenses continuarán para delimitar las causas exactas del siniestro.
Datos clave
- Víctimas fatales: Seis personas perdieron la vida en el colapso, entre ellas la ciudadana paraguaya Ana Lucía Ruiz Romero y una niña boliviana de siete años.
- Ubicación del desastre: El hecho ocurrió sobre la calle Tequici, en el barrio Penha de la zona este de São Paulo, cuando una torre cayó sobre una vivienda.
- Irregularidades previas: El emprendimiento acumulaba multas, órdenes de paralización judicial desde 2019 y un mandato de demolición previo cuya ejecución está bajo sospecha.
- Proceso legal: La Policía Civil capturó a un directivo de la empresa constructora y busca a otras dos personas imputadas mientras auditan las inspecciones municipales.
