La deportación de cubanos en Estados Unidos derivó en una dramática situación para una adolescente de 14 años que quedó desamparada en el estado de Florida. Esto ocurrió luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas apresaron a su padre, Andrés Miguel González, en los Cayos floridanos. Meses antes, las autoridades migratorias ya habían expulsado a su madre, Yanet Manzano, hacia territorio mexicano.
La separación familiar tras el arresto de los padres
El núcleo familiar había ingresado por vía marítima a través de los Cayos de Florida el 17 de marzo de 2023. Durante cerca de tres años residieron en la zona sin complicaciones legales ni incidentes mayores. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en noviembre de 2025, cuando Manzano fue retenida durante un control de tránsito rutinario y permaneció en custodia hasta su expulsión a México en febrero siguiente.
La historia se repitió a inicios de septiembre de 2026 con la detención de González, también en una parada vehicular en la misma localidad. Ante esta doble captura, la menor de edad quedó bajo el resguardo provisorio de allegados y parientes cercanos en Florida. Desde México, su madre manifestó la profunda tristeza que embarga a la joven y suplicó una reconsideración oficial que permita reunir a la familia.
Endurecimiento y deportación de cubanos sin antecedentes
Este drama familiar refleja un giro profundo en la política migratoria de Washington. Un análisis publicado por el Instituto Cato reveló que las aprobaciones de residencia para ciudadanos de la isla sufrieron un desplome del 99,8 % desde finales de 2024. Al mismo tiempo, los arrestos ejecutados por las fuerzas de control migratorio crecieron un 463 %, acumulando más de 42.000 órdenes de expulsión pendientes de cumplimiento.
Las detenciones operativas no se restringen a personas con prontuario judicial. Reportes de organizaciones de derechos humanos evidenciaron que cerca de una cuarta parte de los expulsados a México carecía de registros delictivos. Según los registros documentados en el estado de Florida, únicamente entre octubre de 2025 y junio de 2026 se formalizaron más de 4.000 decretos de expulsión contra personas de nacionalidad cubana.
Expulsiones a terceros países y el fin de los permisos legales
La estrategia implementada por las dependencias migratorias incluyó acuerdos con naciones distantes para concretar la deportación de cubanos hacia terceros territorios. Casos documentados señalan traslados forzosos de personas hacia Guinea Ecuatorial, Liberia, Esuatini y la República Centroafricana. En este último país, Washington pactó en mayo de 2026 un convenio por 85 millones de dólares para recibir a personas expulsadas, quienes permanecen recluidas y sin documentos definitivos.
Dicho procedimiento fue declarado ilegal por un juzgado federal en Misuri durante febrero de 2026, al no garantizar el derecho de defensa, aunque una corte de apelaciones pausó transitoriamente la resolución. A este escenario se sumó el cese del programa de parole humanitario al comenzar el nuevo mandato presidencial. La eliminación de este canal regularizado dejó vulnerables incluso a quienes habían gestionado solicitudes legítimas bajo normativas de ajuste migratorio.
Impacto del fenómeno para la región
El debate que rodea a la deportación de cubanos expone el endurecimiento sistemático de los controles fronterizos y los procesos de repatriación en Norteamérica. Las restricciones legales obligan a miles de migrantes latinoamericanos a enfrentar la fragmentación de sus hogares o la reubicación en destinos ajenos a su cultura. El caso de esta joven evidencia las consecuencias sociales directas de las medidas de expulsión sumaria en suelo estadounidense.
Datos clave
- La detención del padre en una parada de tránsito en Florida dejó sola a una menor de 14 años, cuya madre ya había sido deportada a México.
- Las aprobaciones de residencia para personas de origen cubano cayeron un 99,8 % y los arrestos aumentaron un 463 %, según el Instituto Cato.
- Más de 4.000 resoluciones de expulsión fueron emitidas en Florida en nueve meses, afectando incluso a migrantes sin antecedentes penales.
- Los traslados a terceros países incluyeron convenios millonarios con naciones de África, en medio de litigios legales sobre la constitucionalidad de la medida.
