Una formal denuncia por bullying fue promovida por los padres de un estudiante que asiste a una institución educativa religiosa en la ciudad de Fernando de la Mora. La familia del alumno manifestó que los episodios de hostigamiento sistemático comenzaron en abril del corriente año escolar sin que existieran medidas correctivas efectivas. Ante la continuidad de los ataques, los afectados decidieron acudir al ámbito jurisdiccional.
Antecedentes y alcance de la denuncia por bullying
El reclamo familiar expone que la presunta víctima, un adolescente escolarizado, habría sufrido reiterados maltratos de carácter físico y verbal por parte de compañeros de clase. La madre del estudiante relató que las conductas violentas no habrían sido aisladas ni dirigidas únicamente contra su hijo, sino que alcanzarían a otros menores del mismo establecimiento.
Según los datos recabados en la acusación, existirían dos alumnos presuntamente identificados como los principales causantes de los actos agresivos dentro del predio pedagógico. La continuidad temporal de estos comportamientos generó un cuadro de deterioro emocional en el alumno afectado, situación que motivó insistentes pedidos de auxilio por parte de los progenitores hacia los directivos.
Cuestionamientos a la postura de las autoridades escolares
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la aparente inacción exhibida por el cuerpo directivo y docente ante las reiteradas advertencias familiares. La denunciante afirmó que, a pesar de las quejas formales presentadas a lo largo de varios meses, el colegio confesional no habría activado respuestas protectoras para frenar el hostigamiento.
Frente a este escenario de aparente desatención pedagógica, la representación jurídica de la familia formalizó una nueva denuncia por bullying y confirmó la inminente judicialización de los hechos descritos. El patrocinio legal busca determinar las responsabilidades civiles y administrativas de las autoridades institucionales, además de activar la intervención tutelar correspondiente ante la Justicia de la Niñez y la Adolescencia. Hasta el momento, el colegio no emitió comunicados públicos para exponer su versión sobre los acontecimientos.
Marco legal paraguayo y protocolos contra el acoso escolar
En la legislación paraguaya, situaciones de este tipo se encuentran enmarcadas principalmente en la Ley 4633 de 2012, norma que busca prevenir e intervenir ante el acoso escolar en instituciones públicas y privadas de todo el país. Esta normativa exige que cada colegio cuente con protocolos rigurosos de actuación inmediata para salvaguardar la integridad de los estudiantes.
Asimismo, el Ministerio de Educación y Ciencias dispone de guías de intervención que obligan a las instituciones a notificar a las dependencias de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente o a los juzgados competentes. Cuando los mecanismos internos fracasan, la vía judicial examina si existió negligencia institucional en el cumplimiento del deber de custodia y protección que asumen los colegios respecto al alumnado.
Una denuncia por bullying en sede judicial representa un mecanismo extraordinario que pone en evidencia las fallas en los canales de mediación educativa. De comprobarse omisiones graves en la aplicación de las normativas de convivencia, las entidades responsables pueden enfrentar sanciones administrativas impuestas por los órganos supervisores del Estado.
Datos clave
- Presentación judicial: Los padres de un estudiante decidieron judicializar los hechos tras denunciar agresiones físicas y psicológicas sostenidas en un colegio de Fernando de la Mora.
- Tiempo del conflicto: El hostigamiento contra el adolescente se habría iniciado en abril de este año y se mantuvo de manera reiterada.
- Falta de intervención: La familia cuestiona a las autoridades del colegio religioso por no haber activado respuestas efectivas ante los reclamos.
- Otros afectados: La denuncia refiere que al menos dos estudiantes serían responsables de agredir a varios compañeros dentro de la comunidad educativa.






