Una denuncia penal en Costa Rica sacude el ámbito político tras cuestionamientos sobre la designación del titular de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). La acción judicial fue radicada ante la Fiscalía General de la República por el diputado opositor Antonio Trejos Mazariegos. La acusación apunta a presuntas irregularidades en la designación de Pablo Esteban Martínez Bertozzi al frente de la institución estatal.
La causa judicial involucra a la mandataria Laura Fernández Delgado y al ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles. Según la presentación formulada por el legislador del Frente Amplio, las autoridades gubernamentales habrían infringido la Ley General de Policía al momento de concretar la designación que rige desde junio de 2026.
Falta de rango policial en la jefatura de inteligencia
El núcleo del reclamo radica en las condiciones legales obligatorias para dirigir los cuerpos policiales costarricenses. De acuerdo con el artículo 65 de la normativa policial de dicho país, quien encabece la DIS debe contar al menos con el rango de comisionado.
La polémica creció luego de que la propia Casa Presidencial reconociera por escrito que el funcionario designado no posee ningún grado en el escalafón de seguridad. Pese a que se trata de un cargo de libre remoción, la acusación sostiene que la discrecionalidad del Poder Ejecutivo no autoriza a soslayar las exigencias de rango legal.
Para el denunciante, permitir que una persona asuma sin las credenciales requeridas podría encuadrarse en el delito de nombramientos ilegales del Código Penal. Por este motivo, se solicitó al Ministerio Público verificar si los gobernantes conocían la falta del requisito antes de firmar la designación.
El origen de la denuncia penal en Costa Rica
El caso tomó estado público tras una consulta administrativa remitida al Ejecutivo costarricense en agosto de 2026. En aquella comunicación formal, las autoridades de gobierno confirmaron que Martínez Bertozzi carecía de rango policial previo a su asunción.
No obstante, la administración defendió la validez del nombramiento invocando un artículo del reglamento de funcionamiento interno de la entidad. Dicha normativa reglamentaria habilita a designar a profesionales que cuenten con idoneidad técnica o formación profesional afín en seguridad.
El legislador argumentó que la denuncia penal en Costa Rica busca determinar si un reglamento administrativo puede suplantar una ley formal. Desde la perspectiva acusatoria, una disposición de menor rango jurídico no tiene la facultad de suprimir las condiciones fijadas por el Congreso.
Registros oficiales y decretos cuestionados
A las pruebas aportadas se agregó un informe del Ministerio de Seguridad Pública emitido en septiembre de 2026. En esa documentación oficial, el organismo remitió la nómina de autoridades con grados de comisionado y comandante, registro en el cual no aparece el actual director de inteligencia.
Asimismo, la acción legal puso el foco sobre el Decreto Ejecutivo 44637-MP firmado en julio de 2024 por Chaves y Fernández. Dicha reforma permitía conferir rangos mediante acuerdos presidenciales directos bajo ciertas necesidades institucionales.
La parte denunciante pidió comprobar si ese instrumento fue utilizado para intentar subsanar la situación del funcionario investigado. El avance de esta denuncia penal en Costa Rica dependerá de las diligencias y peritajes documentales que disponga el Ministerio Público.
Datos clave
- Denunciados: La presidenta Laura Fernández y el ministro Rodrigo Chaves afrontan una causa por presuntos nombramientos ilegales.
- Motivo central: La designación del director de inteligencia estatal sin poseer el rango policial de comisionado exigido por ley.
- Postura oficial: El Gobierno alegó idoneidad profesional y amparo en el reglamento interno de la institución.
- Instancia fiscal: La Fiscalía General de Costa Rica deberá investigar si existió delito en la tramitación del decreto.
