Una severa denuncia contra Santiago Peña fue formulada por el exmandatario Federico Franco, quien señaló al titular del Poder Ejecutivo por supuestas maniobras para favorecer con dinero público a Ueno Bank. El exjefe de Estado calificó la situación como uno de los despojos financieros más graves en los registros del país. Las declaraciones tuvieron lugar durante una entrevista en la que se analizaron las repercusiones de la crisis económica y política actual.
El alcance de la denuncia contra Santiago Peña
El exgobernante liberal sostuvo que las irregularidades comenzaron a gestarse mediante reformas normativas promovidas desde el inicio de la administración actual. De acuerdo con sus declaraciones, se aprobaron paquetes de leyes que facilitaron la concentración de colocaciones de entidades estatales en una firma privada específica. También cuestionó la rotación de autoridades entre la conducción del Banco Central del Paraguay y la entidad bancaria involucrada.
En el centro de los reclamos figura la transferencia de recursos procedentes de cajas jubilatorias y entes estratégicos. La denuncia contra Santiago Peña apunta al traslado de fondos del Instituto de Previsión Social, de Petróleos Paraguayos y del Ministerio de Economía y Finanzas hacia la citada intermediaria. Franco remarcó que semejante volumen de capital fue confiado a una corporación que no contaba con suficiente respaldo ni trayectoria consolidada.
Aunque admitió que el mandatario se desvinculó de manera formal de la firma a mediados de 2025, el dirigente afirmó que persisten lazos familiares directos. A su criterio, la concentración de depósitos oficiales configuraría indicios de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Indicó que la expansión comercial del grupo empresarial llegó a afectar contratos deportivos, generando atrasos en los pagos al plantel y al cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol.
Cuestionamientos al sistema bancario y responsabilidades políticas
Las críticas del exmandatario se extendieron a la cúpula del Partido Colorado y a los organismos de supervisión del Estado. Franco responsabilizó directamente al vicepresidente Pedro Alliana y al expresidente Horacio Cartes por haber respaldado la estructura que permitió el manejo de los fondos cuestionados. A su juicio, los resortes institucionales fallaron al no advertir los riesgos a tiempo.
El exjefe de Estado también fustigó la falta de acción oportuna por parte de la Fiscalía General del Estado y de la Corte Suprema de Justicia frente a las alertas presentadas con anterioridad. Según su visión, los dictámenes de la oposición advertían con claridad el peligro patrimonial antes del colapso del esquema financiero. Consideró que los hechos recientes reflejan pugnas internas por la hegemonía política en el seno del oficialismo.
Respecto a los ahorristas afectados, Franco debatió los alcances de la ley aprobada recientemente por el Congreso para ampliar el fondo de garantía de depósitos hasta cuarenta jornales. Cuestionó que la factura de estas contingencias termine recayendo sobre las demás entidades bancarias que integran el sistema regulado. Planteó la necesidad de que las autoridades recuperen las inversiones realizadas por los directivos en medios de comunicación y empresas de diversos sectores.
Escenario institucional y el proceso de juicio político
Al analizar la continuidad del enjuiciamiento en el parlamento, el exmandatario respaldó la decisión de rechazar la dimisión presidencial para no truncar el trámite en el Senado. Explicó que admitir una renuncia formal hubiera funcionado como una exoneración política que impediría deslindar las debidas responsabilidades civiles y penales. Subrayó que la Cámara Alta debe completar el procedimiento acusatorio con los elementos arrimados por los fiscales designados.
En este contexto, recordó las consecuencias constitucionales que diferencian a un gobernante que culmina su mandato de aquel que es apartado por el Congreso. Quien finaliza su mandato ordinario accede a una banca de senador vitalicio, mientras que la condena parlamentaria clausura esa posibilidad y habilita a la justicia ordinaria a intervenir sin fueros. La gravedad de la crisis, alertó, ya impacta en la estabilidad monetaria nacional con una depreciación sensible de la moneda local frente a divisas internacionales.
Datos clave
- Acusación principal: Federico Franco afirmó que fondos del IPS, Petropar y el Ministerio de Economía fueron derivados a Ueno Bank mediante el aparato estatal.
- Responsabilidades señaladas: El exmandatario atribuyó culpabilidad política al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y a Horacio Cartes.
- Garantía a ahorristas: El Congreso amplió el resguardo de depósitos hasta cuarenta jornales, medida que fue cuestionada por cargar el costo al resto del sistema bancario.
- Consecuencias constitucionales: La continuidad del juicio político busca evitar que una renuncia preserve fueros o abra paso a la senaduría vitalicia.
