El estado de la democracia en Costa Rica enfrenta crecientes tensiones tras registrarse un alza sustancial en la postura ciudadana favorable a clausurar el Parlamento y desmantelar el Poder Judicial. Así lo reveló el Informe Estado de la Nación 2026, elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN-CONARE), tras analizar la evolución social entre 2010 y 2025. El documento evidencia cambios profundos en las actitudes políticas frente a los históricos mecanismos de equilibrio institucional.
Creciente respaldo a la concentración del poder
El estudio detalló que la inclinación ciudadana hacia clausurar la Asamblea Legislativa subió del 13 % en 2010 al 28 % en 2025. Al mismo tiempo, la idea de disolver la Corte Suprema de Justicia frente a etapas críticas saltó del 13 % al 37 % en ese mismo intervalo. Los investigadores atribuyen este fenómeno al descontento generalizado y a la exigencia colectiva de soluciones rápidas ante problemáticas complejas como la inseguridad.
Asimismo, las mediciones efectuadas mediante la herramienta Votómetro en el proceso electoral de 2026 reflejaron que el 57 % de los consultados apoya otorgar mayores atribuciones a la Presidencia de la República. Solo un 43 % manifestó rechazo a un esquema de mando presidencial con facultades reforzadas. Esta situación refleja el dilema entre quienes reclaman eficacia estatal inmediata y quienes defienden la vigencia de los límites institucionales.
Tensiones con la institucionalidad y el árbitro electoral
El informe enfatiza el deterioro de los vínculos entre el Poder Ejecutivo y los demás órganos estatales durante el mandato de Rodrigo Chaves Robles. Se contabilizaron constantes cuestionamientos contra el Congreso, la judicatura y el Tribunal Supremo de Elecciones. De hecho, la autoridad electoral recibió 79 denuncias por supuesta beligerancia política entre 2025 y 2026, cuadruplicando el promedio registrado entre 2004 y 2025.
En las conferencias de prensa posteriores al Consejo de Gobierno durante el último año de dicha administración se identificaron 1.893 alusiones directas a otros actores o al propio gobierno. Del total de intervenciones, 856 manifestaciones, equivalentes al 45 %, correspondieron a menciones personales con carga negativa. La confrontación verbal directa constituyó una pieza central en la política comunicacional del oficialismo.
Nuevo mapa político y el debate sobre la democracia en Costa Rica
El panorama institucional experimentó una reconfiguración decisiva en las elecciones de 2026, comicios que convocaron al 70 % del electorado. El Partido Pueblo Soberano obtuvo la Presidencia de la República y aseguró 31 escaños legislativos, terminando con años de administraciones divididas. En la gestión de Laura Fernández Delgado se produjo además el nombramiento de Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia y de Hacienda, hecho inédito por la acumulación de carteras.
Frente a este escenario, los analistas señalan que la evidencia técnica no confirma un quiebre severo de la democracia en Costa Rica, sino señales incipientes de desgaste en los contrapesos republicanos. El gran desafío radica en responder con celeridad a las demandas sociales sin desarticular la deliberación política, la negociación pacífica ni la independencia de poderes.
Datos clave
- El respaldo al cierre del Congreso aumentó del 13 % al 28 % entre los años 2010 y 2025.
- La postura a favor de disolver la Corte Suprema ante contingencias graves trepó del 13 % al 37 % en igual lapso.
- El 57 % de los votantes consultados se mostró dispuesto a fortalecer las potestades del Ejecutivo para combatir la delincuencia.
- Las denuncias por beligerancia política ante el tribunal electoral sumaron 79 casos entre 2025 y 2026, una cifra que cuadruplica el promedio histórico.






