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Arrestan a tres hombres por delitos tecnológicos y fraudes en República Dominicana

Redacción BM Online•15 de octubre de 2026 a las 11:50 a. m.•Santo Domingo

Esposas policiales, dinero en efectivo, una lupa y un mazo judicial sobre un escritorio de trabajo.

Una serie de investigaciones por presuntos delitos tecnológicos derivó en el arresto de tres hombres y la individualización de un cuarto sospechoso en República Dominicana. Las intervenciones fueron coordinadas por la Policía Nacional a través de la Dirección de Área Policía Cibernética junto con el Ministerio Público. El vocero institucional, Diego Pesqueira, detalló que las pesquisas abarcan maniobras de transferencias no autorizadas y engaños virtuales.

Investigaciones abiertas por delitos tecnológicos

El primer procedimiento se desarrolló en Higüey, provincia La Altagracia, donde agentes del Departamento de Prófugos de la Dirección Central de Investigación apresaron a Luis Ángel Susana Montero. Las autoridades le atribuyen una presunta estafa electrónica perpetrada mediante WhatsApp con falsas reservas de hospedaje. Este mecanismo habría generado transferencias por un monto estimado de 269.600 pesos dominicanos.

Por su parte, en Santiago de los Caballeros las fuerzas policiales detuvieron a Joan Manuel Uribe. Al sospechoso se lo relaciona con siete transferencias bancarias no reconocidas que totalizan 185.940 pesos dominicanos. El reporte oficial confirmó que el detenido quedó a disposición de la fiscalía interviniente para la formalización del proceso.

En un tercer expediente, los investigadores identificaron a un ciudadano por la presunta recepción irregular de 28.000 pesos dominicanos en una cuenta bancaria. Luego de constatarse una orden de captura en su contra, las autoridades dispusieron su entrega provisoria a un familiar y fijaron una citación formal para continuar con las indagatorias correspondientes.

Detenciones previas y marco sancionador

El cuarto caso involucra a Fernando José Rodríguez Tejada, alias Tony, quien quedó bajo custodia judicial por la supuesta transgresión al artículo 15 de la Ley 53-07. Esta normativa de crímenes de alta tecnología reprime las estafas concretadas por canales informáticos o telemáticos. Las penas previstas contemplan multas económicas y sanciones que van desde tres meses hasta siete años de encierro.

Las actuaciones de las unidades especializadas responden a un esquema sostenido de operativos contra redes de ciberdelito en distintas regiones del país caribeño. En meses anteriores, la Policía Cibernética capturó a personas vinculadas con la captación indebida de fondos en plataformas digitales, usurpaciones de identidad y fraudes mediante ventas inexistentes.

Entre esos antecedentes figuran procedimientos por extorsión digital mediante amenazas de difusión de imágenes privadas, así como desarticulaciones de esquemas piramidales y accesos remotos ilegítimos. La normativa penal también castiga las transferencias no autorizadas y los despojos financieros informáticos con penas que pueden alcanzar hasta diez años de privación de libertad.

Impacto regional y cooperación judicial

El avance de los delitos tecnológicos representa un desafío común para los sistemas de seguridad y justicia en toda América Latina, incluyendo a Paraguay. Las modalidades basadas en engaños bancarios remotos y falsas transacciones en mensajería instantánea obligan a actualizar de forma permanente los mecanismos de persecución y las advertencias a la ciudadanía.

Las autoridades policiales y judiciales dominicanas señalaron que los operativos continuarán con peritajes sobre los dispositivos incautados para identificar eventuales ramificaciones. La coordinación interinstitucional busca blindar los sistemas financieros digitales y desarticular a grupos dedicados a captar dinero de manera ilícita mediante soportes informáticos.

Datos clave

  • Tres personas detenidas y un sospechoso identificado conforman el balance de cuatro investigaciones simultáneas encabezadas por la Policía Cibernética.
  • Las estafas incluían reservas hoteleras simuladas a través de mensajería digital y múltiples transferencias bancarias sin autorización de los titulares.
  • La Ley 53-07 castiga los fraudes digitales con penas de prisión de hasta siete años por estafas telemáticas y hasta diez años en casos de sustracción agravada de fondos.

Fuente: infobae.com

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