Los defensores de derechos humanos en Guatemala reclamaron de manera pública al gobierno de Bernardo Arévalo la puesta en marcha efectiva del plan estatal destinado a resguardar sus vidas. La demanda se formalizó durante una rueda de prensa en la sede de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, donde diversas agrupaciones sociales manifestaron su preocupación por el nulo avance del mecanismo a un año de su promulgación oficial.
La iniciativa institucional se había formalizado mediante el Acuerdo Gubernativo 198-2025 en noviembre de 2025, el cual dio origen formal a la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035. Sin embargo, los colectivos denunciaron que la disposición carece de fondos asignados, metas operativas y una estructura funcional que permita actuar frente a las amenazas que sufren las comunidades en el territorio guatemalteco.
Falta de presupuesto para defensores de derechos humanos
El dirigente del Comité Campesino del Altiplano en la región de Xela, Edgar Tomás Alejandro Godoy, remarcó que el texto normativo cumplió doce meses de vigencia sin reflejarse en medidas prácticas. El representante subrayó que no existen proyectos activos ni metas trazadas, así como tampoco una partida financiera concreta en el presupuesto del Estado para sostener las labores de prevención y custodia.
De acuerdo con la reglamentación vigente, el Ministerio de Gobernación de Guatemala ejerce como entidad rectora del programa, mientras que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, identificada como COPADEH, actúa en calidad de coordinadora. Si bien las organizaciones valoraron los esfuerzos de divulgación iniciales, señalaron que el Consejo Coordinador aún no funciona formalmente ni cuenta con financiamiento planificado para los próximos ejercicios fiscales.
Por otra parte, los colectivos señalaron deficiencias en la línea telefónica de emergencia 1543. Aunque el servicio ya dispone de una plataforma digital, las organizaciones indicaron que mantiene un enfoque meramente policial que no neutraliza los esquemas de criminalización judicial ni los hostigamientos en plataformas digitales que afectan a los defensores de derechos humanos en las distintas regiones.
Antecedentes judiciales y reclamos ambientales
El diseño de esta política pública responde a una orden directa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en agosto de 2014. En aquella sentencia, el tribunal internacional sancionó al Estado guatemalteco por la denegación de justicia en el crimen de un activista perpetrado en 2004, concluyendo que los dispositivos de resguardo gubernamentales resultaban deficientes e insuficientes frente a los riesgos estructurales.
Junto a la demanda de recursos financieros, la Comunidad Defensora exigió que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores reactiven el trámite del Acuerdo de Escazú ante el Congreso legislativo. Dicho tratado regional sobre acceso a la información y justicia ambiental fue firmado por Guatemala en 2018, pero en diciembre de 2022 la administración anterior notificó a la Organización de las Naciones Unidas su desestimiento, frenando su ratificación.
Los activistas reclamaron que se retomen las conversaciones diplomáticas y legislativas para restituir la validez del acuerdo ambiental. A su vez, solicitaron que se abra una mesa de trabajo conjunto que garantice la vida y labor de los defensores de derechos humanos ante las instancias correspondientes, con el objetivo de consolidar el Sistema de Protección Integral contemplado en la reglamentación.
Riesgo creciente para periodistas y liderazgos sociales
El pronunciamiento también puso énfasis en la vulnerabilidad que atraviesan los comunicadores sociales en el interior del país centroamericano. Las organizaciones advirtieron que la proximidad de los procesos electorales suele incrementar las intimidaciones contra periodistas independientes y ciudadanos dedicados a tareas de auditoría comunitaria y fiscalización pública del poder.
En este contexto, la agrupación solicitó que las observaciones del gremio periodístico se incluyan formalmente dentro del protocolo de prevención y protección a comunicadores antes de que el Ejecutivo firme el decreto gubernativo respectivo. Como muestra del peligro persistente, los colectivos recordaron varios homicidios recientes que permanecen en la impunidad, entre ellos el del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y el del periodista comunitario Evelio Lissandro López.
Frente a este escenario de inseguridad, las agrupaciones sociales insistieron en que el presidente Arévalo debe habilitar canales de diálogo directo y asignar partidas financieras claras. De lo contrario, sostuvieron que las políticas aprobadas en los documentos oficiales continuarán sin surtir efecto en las comunidades más alejadas.
Datos clave
- Inacción presupuestaria: Organizaciones de Guatemala denunciaron que la política de protección cumplió un año sin presupuesto asignado ni estructura operativa en funciones.
- Mandato internacional: La normativa gubernamental se originó tras una condena emitida en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado guatemalteco.
- Petición ambiental: Los activistas exigen al Ejecutivo retomar el trámite legislativo para ratificar el Acuerdo de Escazú en favor de la justicia ambiental.
- Crímenes sin resolver: El colectivo alertó sobre la impunidad en asesinatos de comunicadores y exfiscales, exigiendo medidas preventivas urgentes ante el contexto electoral.






