La investigación fiscal sobre la caída financiera de Ueno Bank derivó en la aprehensión de la antigua cúpula del BCP, luego de que las exautoridades presuntamente omitieran advertir la situación de insolvencia de la entidad ante el Congreso Nacional. La causa penal involucra a los principales responsables técnicos y directivos del banco matriz que acudieron a una reunión reservada con senadores semanas atrás en Asunción. Entre los procesados figuran los expresidentes interinos Miguel Ángel Mora y Liana Caballero, el expresidente Carlos Carvallo, el superintendente de bancos Holger Insfrán y el exmiembro del Directorio Marco Aurelio González.
El Ministerio Público sostiene como hipótesis inicial que las autoridades monetarias tenían conocimiento certero del deterioro que arrastraba la entidad bancaria. Pese a este escenario, los funcionarios habrían retrasado la aplicación oportuna de los mecanismos de salvataje o intervención previstos en la legislación financiera nacional.
La comparecencia reservada de la cúpula del BCP ante el Senado
El pasado 9 de octubre, una delegación técnica del Banco Central del Paraguay acudió a una audiencia confidencial convocada por la Cámara de Senadores. En dicho encuentro, los parlamentarios plantearon interrogantes sobre la estabilidad de las entidades financieras y el destino de recursos públicos provenientes del Instituto de Previsión Social.
Durante la reunión, los directivos monetarios aseguraron que el sistema bancario operaba bajo parámetros de plena solidez y con adecuada liquidez. En conferencias posteriores, Marco Aurelio González defendió las actuaciones del ente supervisor y cuestionó las publicaciones periodísticas sobre el tema, alegando que la difusión pública de los datos era responsabilidad exclusiva de los medios de comunicación.
Por su parte, Miguel Ángel Mora remarcó en aquella ocasión el carácter sistémico de la institución financiera afectada. No obstante, las explicaciones oficiales evitaron detallar el alcance de las presuntas anomalías operativas que ya comenzaban a comprometer el capital de miles de ahorristas y fondos de instituciones públicas.
La investigación del Ministerio Público por presunta omisión
Semanas después de las declaraciones brindadas en el parlamento, la Fiscalía General del Estado coordinó una serie de allanamientos a las residencias de los exintegrantes del banco matriz. Los investigadores buscan determinar si las declaraciones emitidas y los informes entregados a los legisladores ocultaron deliberadamente el quiebre inminente de la entidad.
En entrevistas previas a las medidas judiciales, Liana Caballero había argumentado que una decisión de cierre bancario no podía adoptarse de forma apresurada debido a las repercusiones en el mercado. Sin embargo, la teoría fiscal apunta a que las omisiones en el ejercicio del deber de vigilancia facilitaron el colapso final del banco intervenido.
El accionar de la justicia busca salvaguardar las garantías del sistema y delimitar las responsabilidades penales de quienes debían tutelar los fondos previsionales. La caída de la entidad representó un duro golpe para la previsión social, cuyos depósitos habían sido transferidos de manera masiva en los últimos periodos.
Las posturas políticas frente a la supervisión bancaria
El informe presentado por los reguladores generó opiniones encontradas dentro del Congreso Nacional. Desde la bancada oficialista, el senador Natalicio Chase manifestó en su momento total conformidad con las respuestas técnicas brindadas y ratificó la confianza política en el Banco Central del Paraguay.
En una línea semejante, la senadora Lilian Samaniego transmitió que el sistema financiero atravesaba por una etapa favorable y que el ahorro familiar no corría riesgos. Ambas posturas respaldaron la postura técnica de las autoridades monetarias antes de que se desatara la crisis.
Por el contrario, el senador opositor Rafael Filizzola cuestionó con dureza el documento oficial por considerar que no aportaba elementos sustanciales sobre los riesgos del banco. El parlamentario advirtió que la concentración de fondos estatales en una entidad creada con nexos políticos constituía una amenaza para la estabilidad económica general.
El avance del proceso judicial contra la cúpula del BCP marca un precedente sin antecedentes recientes en la administración monetaria del país. Los tribunales deberán esclarecer el grado de implicancia de cada exfuncionario en el manejo de las alertas tempranas del sistema.
Datos clave
- Exautoridades procesadas: Cinco antiguos directivos y técnicos del banco matriz permanecen detenidos tras pesquisas fiscales.
- Fondos afectados: La quiebra de la institución bancaria comprometió recursos previsionales del Instituto de Previsión Social y depósitos privados.
- Omisión investigada: La Fiscalía analiza si los reguladores ocultaron conscientemente informes sobre la insolvencia de la entidad.
- Debate legislativo: La bancada oficialista respaldó la versión de las autoridades semanas antes del colapso institucional.






