La persistente crisis en Nicaragua provocó la emisión de 129 medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resguardar la vida y la integridad de más de 280 personas. La cifra corresponde al período comprendido entre 2018 y agosto de 2022, tras recibir un total de 525 solicitudes de auxilio urgente. Los datos surgen del octavo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, entidad que documenta abusos cometidos desde las protestas de abril de 2018.
El relevamiento detalla que el organismo interamericano tramitó además tres solicitudes de medidas provisionales y ocho ampliaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante ese lapso, la comisión receptó 399 peticiones por presuntas transgresiones a las garantías fundamentales y resolvió dar trámite a 58 casos individuales. Estas acciones jurídicas respondieron a denuncias sistemáticas sobre detenciones ilegales, violencia estatal y restricciones severas a las libertades públicas.
El impacto de la crisis en Nicaragua en el sistema regional
El sistema interamericano activó tempranamente sus mecanismos de supervisión e investigación frente al conflicto social y político. La comisión realizó una visita en mayo de 2018 y alertó formalmente sobre uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, heridos y fallecimientos. Un informe integral publicado en junio de ese año determinó transgresiones a derechos esenciales como la reunión pacífica, la libre expresión, la salud y el acceso a la justicia.
En paralelo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos constató hechos graves ocurridos durante los primeros meses de protestas. Sus conclusiones abarcaron casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tratos inhumanos y persecución contra opositores. Frente a estas observaciones, las autoridades nicaragüenses optaron por retirar la invitación a la delegación de las Naciones Unidas.
La respuesta gubernamental conllevó también la salida forzada del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Este último equipo concluyó que existían indicios suficientes para tipificar crímenes de lesa humanidad. A pesar de la expulsión territorial, las entidades continuaron reuniendo testimonios y dictando resoluciones para salvaguardar a comunicadores, activistas y familiares de manifestantes.
Denuncias de torturas y expulsión de misiones internacionales
Las medidas cautelares y provisionales alcanzaron especial relevancia ante la situación de los centros penitenciarios nicaragüenses. En octubre de 2022, la Corte Interamericana requirió la liberación inmediata de 45 personas privadas de su libertad en ocho presidios debido al rápido deterioro de su salud física y psicológica. Pese a las disposiciones del tribunal continental, las determinaciones judiciales internacionales sufrieron incumplimientos recurrentes por parte del aparato estatal.
Organismos de las Naciones Unidas, como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos, expresaron inquietudes por castigos severos infligidos a detenidos. Se reportaron aislamientos prolongados, falta de ventilación, golpizas y abusos sexuales en centros como La Modelo, La Esperanza y las sedes policiales de El Chipote. Los expertos recomendaron aplicar el Protocolo de Estambul para documentar adecuadamente estos hechos y asegurar reparaciones a los damnificados.
La negativa oficial a cooperar impidió la realización de auditorías independientes en las cárceles. En 2023, el Subcomité para la Prevención de la Tortura suspendió una visita prevista ante la falta de garantías estatales. Como consecuencia, el órgano desclasificó un reporte confidencial elaborado en 2014 sobre las precarias condiciones de detención en el territorio nicaragüense.
Sanciones internacionales y vías para investigar crímenes
La comunidad internacional respondió imponiendo medidas coercitivas individuales contra figuras del régimen y dependencias públicas. Gobiernos como los de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza y la Unión Europea sancionaron a más de 60 funcionarios, además de instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Público. Asimismo, 23 magistrados y fiscales recibieron penalidades por impulsar causas judiciales arbitrarias contra la disidencia.
Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido por la ONU en 2022, determinó que los atropellos se cometieron de forma generalizada y sistemática por motivaciones políticas. Sin autorización para ingresar al país, el grupo acopió evidencias documentales, peritajes médicos y relatos de víctimas refugiadas en el exterior con el fin de determinar responsabilidades individuales.
Dado el cierre absoluto de las vías de justicia dentro de las fronteras locales, defensores humanitarios impulsan el uso del principio de jurisdicción universal en tribunales extranjeros. Este mecanismo legal ya facilitó la apertura de causas penales en Argentina contra autoridades nicaragüenses, sustentadas en la preservación de pruebas de los abusos cometidos en el contexto derivado de la crisis en Nicaragua.
Datos clave
- Protección internacional: La CIDH otorgó 129 medidas cautelares entre 2018 y 2022 en beneficio de más de 280 personas perseguidas.
- Crímenes de lesa humanidad: Informes técnicos de la ONU y del grupo interdisciplinario concluyeron la existencia de ataques sistemáticos por razones políticas.
- Centros clandestinos y cárceles: Se documentaron actos de tortura y hacinamiento en recintos como El Chipote y La Modelo sin atención médica adecuada.
- Sanciones y justicia penal: Más de 60 funcionarios y 23 operadores judiciales fueron sancionados internacionalmente, mientras avanzan denuncias bajo jurisdicción universal.
