La crisis en Cuba no podrá solucionarse únicamente con paliativos financieros o medidas de emergencia, sino que demanda una urgente transformación política e institucional. Así lo advierte una exhaustiva investigación académica elaborada por el Grupo de Trabajo sobre el Futuro de Cuba de la Universidad de Harvard. El estudio puntualiza que el país caribeño padece un desgaste estructural que compromete la legitimidad del gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel.
Deterioro productivo y dimensiones de la crisis en Cuba
El reporte universitario expone un retroceso drástico en las actividades económicas esenciales de la isla durante el último lustro. Entre los años 2019 y 2024, el Producto Interno Bruto experimentó una caída del 11 %, mientras que el sector agropecuario se redujo un 58 %. Asimismo, la manufactura descendió un 42 % y la histórica producción azucarera cayó en un estado de virtual desaparición productiva.
Este colapso productivo impacta directamente en la vida cotidiana de las familias. De acuerdo con registros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos citados en la investigación, ocho de cada diez habitantes deben suprimir al menos una comida al día por falta de recursos. Paralelamente, el costo de la canasta básica familiar ha trepado hasta superar entre diez y quince veces el ingreso salarial medio.
A esta escasez alimentaria se suma un severo cuadro de precariedad en servicios públicos vitales. La infraestructura eléctrica sufre cortes constantes debido al envejecimiento de las plantas termoeléctricas y a la falta de combustible importado. La investigación académica añade que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos han agravado las dificultades para el transporte, el abastecimiento sanitario y la distribución de víveres.
Reformas legales y amnistía para presos de conciencia
Para destrabar el escenario, los analistas de Harvard destacan que la Carta Magna de 2019 contempla derechos formales que no se cumplen en la práctica cotidiana. Señalan que la hegemonía de un partido único y la falta de independencia del sistema judicial anulan las libertades de reunión, pensamiento y prensa reconocidas formalmente en el texto constitucional.
Ante esta situación, el estudio sugiere derogar inmediatamente normativas punitivas como los Decretos Leyes 349, 370 y 35, orientados a sancionar la creación artística y las publicaciones críticas en entornos digitales. Del mismo modo, plantea levantar las restricciones de salida y retorno territorial que pesan sobre ciudadanos clasificados como regulados.
Como punto de partida ineludible, el informe reclama una amnistía general e incondicional para todos los presos políticos. Dicha medida devolvería la libertad a quienes ejercieron derechos consagrados en la propia legislación nacional y representaría una señal indispensable para recomponer la confianza cívica frente a la prolongada crisis en Cuba.
Hacia un proceso de transición pacífico y plural
La salida institucional recomendada no contempla soluciones unilaterales ni actos de violencia. Los autores enfatizan que las autoridades estatales deben actuar como facilitadoras de un diálogo amplio que incluya a la sociedad civil independiente, a los grupos disidentes, a la comunidad internacional y a los emigrados cubanos.
A mediano y largo plazo, la hoja de ruta sugiere convocar a una asamblea constituyente que permita edificar un sistema verdaderamente democrático. Dicho proceso deberá complementarse con un plan económico integral que impulse al empresariado privado, recupere la red asistencial y convoque a la diáspora a participar activamente en la reconstrucción nacional. De esa forma, se podrá superar la multidimensional crisis en Cuba de manera sostenible.
Datos clave
- Deterioro económico: El Producto Interno Bruto cayó un 11 % entre 2019 y 2024, con desplomes del 58 % en la agricultura y 42 % en la industria manufacturera.
- Inseguridad alimentaria: Ocho de cada diez personas no pueden costear tres comidas diarias y la canasta básica supera hasta 15 veces el salario promedio.
- Medida inicial: El estudio de Harvard plantea una amnistía general para presos políticos como condición previa para iniciar el diálogo.
- Apertura institucional: El informe propone derogar decretos represivos, convocar a una asamblea constituyente y avanzar hacia elecciones libres.
