La crisis de Ueno Bank generó una profunda alarma en las cajas previsionales de Paraguay ante la presunta pérdida de unos setecientos millones de dólares. La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay anunció la redacción de un proyecto de ley de emergencia financiera para que el Estado actúe como garante directo de los recursos afectados.
El documento legislativo será remitido a las autoridades del Poder Ejecutivo en un plazo estimado de veinticuatro a cuarenta y ocho horas. Los jubilados pretenden que el Tesoro asegure la devolución del dinero en efectivo para evitar la quiebra técnica de los sistemas de pensiones.
Proyecto de ley de rescate ante la crisis de Ueno Bank
El alcance del problema abarca a varios entes de jubilación que tenían colocaciones millonarias en la entidad intervenida. Al depósito de quinientos diecisiete millones de dólares del Instituto de Previsión Social se suman los fondos de la Caja de Jubilados de Itaipú, la Caja Bancaria y la Caja de la Administración Nacional de Electricidad.
El vocero de los jubilados, Pedro Halley, explicó que la normativa buscará evitar un descalabro previsional de gran escala. Según el dirigente, el Estado paraguayo debe emitir bonos o utilizar las herramientas financieras necesarias para reponer de inmediato la liquidez de las entidades afectadas mientras se liquidan los bienes del banco.
La principal preocupación de los aportantes radica en el impacto directo sobre el pago mensual de las pensiones. Los representantes temen que, ante la falta de una reposición oportuna, las instituciones decidan recortar los haberes a la mitad o incrementar compulsivamente los aportes laborales.
Cuestionamientos a los activos sanos y reclamo de liquidez
El Banco Central del Paraguay informó sobre el hallazgo de seiscientos millones de dólares en activos considerados sanos dentro de la firma intervenida. Sin embargo, los gremios de jubilados cuestionaron la naturaleza de dichos bienes y rechazaron esperar años para cobrar.
Halley enfatizó que los trabajadores depositaron mensualmente dinero en efectivo y no vehículos de alta gama, relojes o inmuebles sujetos a remates prolongados. Por este motivo, la propuesta legislativa exige que cualquier respaldo estatal se concrete en fondos líquidos inmediatos.
Durante su pronunciamiento, el dirigente recordó antecedentes de finales del siglo pasado, cuando la crisis financiera forzó quitas severas a los retirados del sector bancario. En ese sentido, advirtió que la tormenta financiera apenas empieza y que el Gobierno debe responder con celeridad.
Exigencias de cambios en el IPS y juicio político
La organización previsional también reiteró el pedido de destitución inmediata de los integrantes del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. El reclamo apunta directamente al consejero José Jara Rojas y a los directores del área financiera que autorizaron las operaciones de colocación.
Asimismo, los jubilados adelantaron su respaldo al pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. La medida es impulsada por parlamentarios opositores debido a la supuesta inacción del Ministerio Público ante denuncias previas presentadas por presuntas irregularidades en administraciones anteriores del ente de seguridad social.
Datos clave
- Pérdida estimada: Los fondos jubilatorios calculan un perjuicio cercano a 700 millones de dólares tras la caída de la entidad.
- Entidades afectadas: El impacto alcanza al Instituto de Previsión Social, la Cajubi, la Caja Bancaria y la Caja de la ANDE.
- Iniciativa legislativa: Los gremios presentarán en 48 horas una ley de emergencia para que el Estado devuelva el dinero con bonos u otros recursos.
- Destituciones exigidas: Piden la salida de los miembros del Consejo del IPS y apoyan el juicio político al fiscal general.






