La crisis de Ueno Bank desató un fuerte remezón financiero y político en Asunción luego de confirmarse que la entidad no pudo reponer aproximadamente 70 millones de dólares correspondientes a su encaje legal. Ante esta situación, el Banco Central del Paraguay intervino la institución y activó el proceso de resolución y cierre definitivo, provocando un alza inmediata en el riesgo país y una marcada devaluación de la moneda nacional frente a la divisa estadounidense.
El problema financiero comenzó de manera oficial el 29 de octubre, fecha en que la directiva bancaria reconoció ante las autoridades reguladoras su incapacidad para cubrir los fondos obligatorios. Durante los seis días hábiles posteriores a la intervención, el indicador de riesgo soberano elaborado por JP Morgan escaló desde los 119 hasta los 138 puntos básicos, marcando un incremento del 16 por ciento. En ese mismo periodo, la cotización del dólar trepó desde 5.661 guaraníes hasta ubicarse en 6.160 guaraníes, lo que representó un encarecimiento cambiario del 8,8 por ciento.
Impacto en ahorristas y fondos previsionales estatales
Cerca de tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas tras la interrupción operativa del mayor banco digital del territorio nacional. La institución concentraba además entre 800 y 850 millones de dólares procedentes de recursos del Estado paraguayo. Entre estos fondos sobresalen cerca de 355 millones de dólares pertenecientes a las reservas del Instituto de Previsión Social, situación que obligó al Congreso nacional a evaluar normativas para agilizar el Fondo de Garantía de Depósitos.
En las inmediaciones de las distintas sucursales se registraron manifestaciones de depositantes que exigían la restitución de sus ahorros. Desde la banca matriz, encabezada de forma interina por Liana Caballero, anunciaron que se iniciarán desembolsos de devolución bajo el esquema de cobertura legal que ampara montos equivalentes a hasta 75 salarios mínimos vigentes.
Terremoto político y denuncias vinculadas a la crisis de Ueno Bank
Las repercusiones institucionales obligaron a la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, debido a sus antecedentes como directivo de la entidad intervenida antes de asumir la función pública. En el ámbito parlamentario, sectores opositores impulsaron pedidos de juicio político contra el mandatario Santiago Peña, quien mantenía participación accionaria en el conglomerado propietario antes de asumir la presidencia de la República.
Diversos analistas internacionales remarcaron fallas severas en el esquema de supervisión corporativa. Los peritajes preliminares indagan préstamos por unos 146 millones de dólares concedidos a firmas vinculadas con el Grupo Vázquez, accionista controlador de la firma. Rhys Hicks, analista de la consultora británica Global Data, señaló que la captación acelerada de clientes superó la maduración de los controles de riesgo internos.
Respuestas del sector privado y freno comercial
La Asociación de Bancos del Paraguay buscó contener la incertidumbre manifestando que el sistema financiero nacional conserva solidez y liquidez general. Desde el gremio bancario enfatizaron que el colapso corresponde a un evento aislado originado por malas prácticas de concentración de cartera, descartando que exista un peligro de contagio generalizado hacia las demás entidades crediticias de plaza.
Sin embargo, la Unión Industrial Paraguaya y cámaras mercantiles alertaron sobre una interrupción en las cadenas de pagos comerciales en todo el país. La Bolsa de Valores de Asunción dispuso la suspensión de negociaciones de los títulos de deuda del banco, dejando en cese de pagos a sus instrumentos bursátiles, mientras que la firma Ueno Casa de Bolsa continúa operando de forma separada al no estar alcanzada por la liquidación.
Datos clave
- El riesgo país de Paraguay subió 19 unidades y llegó a 138 puntos básicos en seis jornadas financieras.
- La cotización del dólar escaló 8,8 por ciento en una semana frente a la moneda nacional.
- El Instituto de Previsión Social mantiene atrapados cerca de 355 millones de dólares dentro de la entidad.
- El proceso de resolución contempla pagos iniciales de cobertura hasta 75 salarios mínimos por cliente afectado.
