La crisis de combustibles desató el rechazo frontal de organizaciones estudiantiles universitarias en Guatemala contra la gestión del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera. El pronunciamiento se conoció tras una serie de bloqueos viales prolongados que mantuvieron paralizado el tránsito en diversas zonas del país centroamericano. La agrupación cuestionó la efectividad de los decretos estatales de emergencia y demandó soluciones estructurales de fondo frente a la suba sostenida del petróleo.
Cuestionamientos a los subsidios estatales
El Comité de Huelga de Dolores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala emitió una declaración crítica contra la respuesta oficial. Los representantes estudiantiles sostuvieron que apelar a subsidios financiados con recursos públicos no constituye una salida definitiva para los problemas tarifarios. Según expresaron, ningún problema estructural puede solventarse de manera indefinida con el erario nacional.
El reclamo apunta directamente al Decreto 21-2026, una normativa avalada de urgencia nacional por el Congreso guatemalteco con el respaldo de 130 diputados. Esta legislación fijó un techo de 39 quetzales por galón para el diésel y la gasolina regular, mientras que para la gasolina superior estableció un tope de 41 quetzales hasta fin de año. Para cubrir esa diferencia, el Parlamento asignó una partida presupuestaria de 2.500 millones de quetzales.
La crisis de combustibles y el impacto fiscal
Los estudiantes recordaron el antecedente inmediato del Decreto 11-2026 para fundamentar sus advertencias sobre la sostenibilidad de estas transferencias. De acuerdo con informes del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, aquel programa previo agotó el 79 % de un fondo de 2.000 millones de quetzales en menos de dos meses. En los momentos de mayor demanda, el ritmo de erogaciones estatales alcanzó los 215 millones de quetzales en una sola semana.
Ante esa experiencia presupuestaria, los jóvenes manifestaron que la crisis de combustibles no puede mitigarse sin claridad sobre el origen de los recursos y el destino de cada partida. Por ello, exigieron al Ejecutivo y al Legislativo un informe detallado sobre el costo real de las medidas y los pasos a seguir una vez agotado el financiamiento. También solicitaron una auditoría minuciosa sobre la cadena de importación y distribución de carburantes.
Demandas de política energética y tensión social
El petitorio universitario reúne nueve puntos concretos dirigidos a las máximas autoridades del Estado guatemalteco. Entre las demandas destacan la revisión exhaustiva de las cargas tributarias a los hidrocarburos y la formulación de una política energética de largo plazo. El objetivo planteado consiste en reducir la vulnerabilidad del mercado interno frente a las oscilaciones internacionales del crudo, convocando a una mesa de diálogo a transportistas, empresarios y consumidores.
Asimismo, el documento alertó sobre la traslación de los sobrecostos energéticos hacia la canasta básica y la producción alimentaria general. La organización advirtió que la ciudadanía no debe cargar con el costo final de un esquema comercial donde los intermediarios conservan sus márgenes. Además, rechazaron la incorporación obligatoria de etanol a los combustibles sin antes garantizar estudios técnicos independientes y controles de calidad rigurosos.
Bloqueos viales y resoluciones judiciales
Las protestas callejeras surgidas en medio de esta crisis de combustibles incluyeron cortes de ruta promovidos por gremios de transporte y autoridades indígenas como los 48 Cantones de Totonicapán. Estas medidas de fuerza provocaron cierres de carreteras a lo largo de una semana completa. Frente a este escenario, la Corte de Constitucionalidad emitió un amparo provisional para despejar arterias estratégicas y resguardar el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Los estudiantes universitarios indicaron que la manifestación pacífica es un derecho constitucional que debe armonizarse con la libre movilidad, el trabajo y la salud pública. Mientras tanto, en las estaciones de servicio los precios permanecían por encima de los techos fijados, registrándose valores de hasta 47,39 quetzales por galón de diésel.
Datos clave
- Rechazo universitario: el comité estudiantil de Derecho de la Universidad de San Carlos impugnó las medidas económicas de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
- Subsidio millonario: el Congreso de Guatemala aprobó 2.500 millones de quetzales para subsidiar precios hasta el 31 de diciembre.
- Antecedente de gasto: un fondo anterior similar consumió casi el 80 % de sus recursos en menos de dos meses.
- Peticiones estructurales: exigen revisar impuestos, auditar importadoras de combustible y entablar diálogo con sectores productivos.
