Las investigaciones sobre el crimen de Solórzano Foppa confirmaron la autoría material de la pandilla Barrio 18 en el ataque armado registrado en la capital guatemalteca. El Ministerio Público informó que el atentado ocurrió el 17 de octubre de 2026 en el complejo deportivo Campo Marte de la zona 5, donde fallecieron el exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de trabajo judicial para identificar a los presuntos autores intelectuales. Además, los fiscales buscan esclarecer si agentes de seguridad estatal colaboraron activamente en la logística del doble homicidio.
Autores materiales y presunta conspiración criminal
El Ministerio Público confirmó que dos supuestos integrantes de la estructura criminal Barrio 18 ya guardan prisión preventiva y enfrentan proceso penal por el delito de asesinato. Edwin Santiago Chavajay Chavajay, secretario general de la entidad fiscal, recordó que este grupo posee la calificación formal de organización criminal transnacional y estructura terrorista según las normativas vigentes.
Las autoridades ejecutaron más de medio centenar de allanamientos, registros y secuestros de evidencia vinculados a la causa. Las pesquisas incluyeron requisas dentro del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1 y el Centro de Alta Seguridad Canadá, donde incautaron documentación relevante para reconstruir los contactos carcelarios.
Durante las diligencias, los peritos ubicaron vehículos utilizados durante la jornada del ataque e incautaron diversas armas de fuego que permanecen bajo análisis balístico comparativo. La fiscalía anticipó que en las próximas semanas podrían ejecutarse nuevas detenciones orientadas a neutralizar a otros partícipes materiales.
Maniobras policiales para desviar la pesquisa judicial
La investigación por el crimen de Solórzano Foppa destapó una red paralela de presunta corrupción y encubrimiento dentro de las fuerzas del orden. Inicialmente, agentes de la Policía Nacional Civil reportaron la detención de los hermanos Choc Tos e incautaron una carabina como presunto indicio acusatorio.
La fiscalía detectó graves inconsistencias durante la audiencia inicial al no hallar elementos objetivos que vincularan a dichos ciudadanos con el ataque, lo que motivó su inmediata liberación. Este giro motivó la apertura de una causa contra el personal policial tras presumirse la implantación deliberada del arma para alterar las pesquisas.
Como consecuencia de las reconstrucciones videoforenses y los informes de geolocalización, siete miembros de la fuerza policial resultaron procesados formalmente. Entre los acusados figuran un comisario, un oficial, un inspector y varios subalternos por abuso de autoridad, simulación de delito, transporte ilícito de armas y obstrucción a la justicia.
El avance procesal en el crimen de Solórzano Foppa
El seguimiento al origen de la carabina permitió incautar municiones y concretar tres capturas adicionales durante allanamientos efectuados el 10 de noviembre. Dos civiles fueron imputados por traspasos anómalos de armamento y una agente femenina quedó procesada por presunto incumplimiento de deberes al extender certificados irregulares.
El fiscal general fundamentó el mantenimiento de la reserva judicial como una medida estrictamente técnica para salvaguardar la integridad de testigos presenciales y evitar filtraciones que alerten a imputados prófugos. La fiscalía remarcó que, de comprobarse la implicación de los policías procesados en la etapa de planificación, estos enfrentarán cargos directos por homicidio.
Datos clave
- Autores identificados: La fiscalía determinó que miembros de la pandilla Barrio 18 perpetraron los homicidios de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
- Operativos penitenciarios: Se efectuaron más de 50 diligencias de allanamiento e inspecciones en cárceles de máxima seguridad para rastrear órdenes operativas.
- Agentes procesados: Siete funcionarios policiales quedaron imputados por simular pruebas, colocar armamento falso y entorpecer las indagaciones iniciales.
- Total de encubridores: Diez personas enfrentan cargos penales vinculados a las maniobras de desvío del expediente penal.






