Un grave caso de corrupción en Bolivia salió a la luz tras la denuncia penal presentada contra exdirectivos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por cobros indebidos y presunta extorsión sistemática. Las averiguaciones revelan una trama ilícita que habría funcionado durante un lustro, orientada a percibir dádivas de gasolineras y exigir cifras de hasta 5.000 dólares para conceder entrevistas directas con Luis Marcelo Arce Mosqueira, descendiente del exmandatario boliviano.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, formalizó la acusación ante la Fiscalía boliviana e indicó que el esquema operó entre los periodos anuales de 2021 y 2025. Las maniobras detectadas incluían exigencias dinerarias para entregar permisos de expendio de combustibles, condonar penalizaciones administrativas y liberar camiones cisterna retenidos durante controles oficiales en rutas.
La trama de corrupción en Bolivia y los cobros irregulares
De acuerdo con la información brindada por las autoridades bolivianas, el origen de las pesquisas fue una alerta sin identificación que describía maniobras recaudatorias al margen del marco legal. Las autoridades señalaron que cerca de siete funcionarios de rango jerárquico dentro de la entidad reguladora energética estarían implicados en estas prácticas de cohecho.
El vocero estatal aclaró que los movimientos descubiertos no guardan relación con aranceles formales o recaudaciones institucionales. Se trataba en realidad de sumas irregulares entregadas por estaciones de servicio ubicadas en Cochabamba, Santa Cruz y otros departamentos, además de aportes procedentes de firmas de transporte aéreo y complejos mineros que requerían autorizaciones sectoriales.
Implicancias contra exjerarcas y el entorno presidencial
Entre las figuras centrales de la investigación penal resalta Germán Jiménez Terán, quien encabezó la institución reguladora durante los ejercicios cuestionados. Los peritajes contables iniciales detectaron en sus cuentas bancarias acreditaciones por encima de un millón de bolivianos, unos 87.000 dólares al cambio reciente, montos que carecen de respaldo remunerativo o legal justificado.
Asimismo, las diligencias documentaron transacciones monetarias mensuales efectuadas a funcionarios subordinados por importes de entre 2.000 y 6.000 bolivianos. También se constataron bienes inmuebles no consignados ante la Contraloría, operaciones encubiertas de préstamos y el uso recurrente de testaferros para ocultar el patrimonio personal acumulado.
La controversia creció aún más al detallarse que para gestionar un encuentro presencial con Luis Marcelo Arce Mosqueira se solicitaban pagos adelantados de 5.000 dólares. El hijo del expresidente actualmente guarda prisión preventiva en el centro penitenciario de Palmasola por sospechas de lavado de dinero, habiendo sido cuestionado antes por intervenir en contrataciones del litio y actividades de la petrolera estatal YPFB.
Repercusiones regionales del caso judicial
El seguimiento a los hechos de corrupción en Bolivia genera atención en los países limítrofes, considerando los vínculos comerciales del cono sur en materia de energía e hidrocarburos. El Ministerio Público del vecino país imputará formalmente a los involucrados por legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y falsificación en sus declaraciones patrimoniales juradas.
Las diligencias judiciales continuarán en las próximas semanas para precisar la totalidad de los recursos desviados en las estaciones de carga y convoyes de cisternas. Se prevé además la citación de exempleados legislativos y antiguos viceministros que realizaron giros monetarios a las cuentas del principal directivo intervenido.
Datos clave
- Las pesquisas oficiales abarcan el lapso de 2021 a 2025 y comprometen al menos a siete exjerarcas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
- Germán Jiménez Terán, extitular del ente de regulación, recibió transferencias sin aval contable por más de un millón de bolivianos.
- Los intermediarios exigían hasta 5.000 dólares a empresarios por pactar reuniones privadas con Luis Marcelo Arce Mosqueira.
- Los delitos denunciados corresponden a enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y falsedad en declaraciones patrimoniales.






