La rescisión formal del contrato de Atome con la Administración Nacional de Electricidad marca un punto de quiebre para el desembarco de capitales industriales en el Departamento Central. La firma de origen británico notificó la culminación del compromiso de provisión energética luego de no alcanzar un consenso para pausar temporalmente sus compromisos. La determinación sitúa en un escenario de incertidumbre la inyección prevista de USD 665 millones en la localidad de Villeta.
El distanciamiento contractual entre las partes se formalizó de manera inmediata tras expirar el término establecido a finales de septiembre. La compañía había planteado abrir un compás de espera con el propósito de diseñar una alternativa técnica y financiera con las autoridades gubernamentales. No obstante, las conversaciones previas no arrojaron un consenso para suspender las obligaciones mientras se analizaba el futuro del plan fabril.
El origen del contrato de Atome y la tarifa energética
El núcleo de la discrepancia radica en el valor económico que debe abonar el emprendimiento por el consumo de electricidad. La corporación europea pretendía fijar un canon aproximado a USD 30 por megavatio hora para estructurar el financiamiento internacional de su complejo productivo de fertilizantes limpios. Por su parte, la empresa estatal paraguaya ratificó la plena vigencia de su esquema tarifario oficial, cuyo costo para clientes electrointensivos ronda los USD 36 por megavatio hora.
La entidad pública sostiene que conceder valores por debajo de sus costos operativos directos representaría un impacto negativo directo en sus balances institucionales a mediano plazo. Por esta razón, el desacuerdo que rodea al contrato de Atome revive una discusión técnica de alcance nacional sobre la política de precios adecuada para captar plantas de consumo masivo sin perjudicar las arcas públicas.
La relación jurídica inicial se había pactado a mediados de 2022 mediante un suministro original de 60 megavatios, concebido para fabricar amoníaco e hidrógeno verde. Posteriormente, el volumen de potencia reservada se incrementó hasta alcanzar los 145 megavatios, convirtiéndose en el acuerdo de mayor envergadura rubricado por la administración eléctrica.
Reclamo legal y modificaciones en el marco regulatorio
El diferendo administrativo sumó tensiones debido a las variaciones en las normativas del sector aprobadas a lo largo de este año. La reglamentación en la cual la empresa apoyaba su plan de negocios fue objeto de modificaciones y posterior anulación por parte de los reguladores nacionales. Esta alteración de reglas motivó que la firma alegara un cambio sustancial en las bases financieras del proyecto.
Ante ese escenario, la compañía activó los mecanismos previstos en el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Paraguay y el Reino Unido. Este procedimiento contempla una fase inicial de consultas directas entre las partes antes de evaluar un eventual arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. En caso de llegar a esa instancia, el reclamo patrimonial contra el país podría ascender a cifras millonarias.
El futuro del proyecto industrial en Villeta
A pesar de dar por concluido el vínculo vigente, la multinacional manifestó su predisposición a entablar nuevas conversaciones comerciales con el Estado paraguayo. Con la cancelación del vínculo legal previo, los representantes de la firma buscan salvaguardar sus activos de contingencias financieras mientras intentan consensuar otro esquema de suministro.
La iniciativa privada en Villeta representaba una de las propuestas más ambiciosas para transformar los excedentes hidroeléctricos del país en derivados industriales de alto valor. Para el sector público, el desafío consistirá en equilibrar la rentabilidad del ente eléctrico con la captación de inversiones extranjeras estratégicas.
Datos clave
- Inversión condicionada: El proyecto contemplaba destinar USD 665 millones para una planta de fertilizantes limpios en la ciudad de Villeta.
- Potencia contratada: El acuerdo original de 60 MW había ascendido hasta los 145 MW, siendo uno de los convenios más grandes de la ANDE.
- Brecha de precios: La empresa solicitaba pagar USD 30 por MWh, mientras que el pliego estatal fijaba la tarifa en torno a USD 36 por MWh.
- Disputa bilateral: La compañía abrió una etapa de consultas bajo el tratado de inversiones con el Reino Unido previa a un posible arbitraje.
