El debate sobre las contrataciones en el Estado se instala formalmente en el Congreso paraguayo tras el ingreso de un proyecto de ley que propone suspender las incorporaciones públicas por dos años. La iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin e ingresó en el orden del día de la Cámara de Diputados para su consideración en Asunción. Con este planteamiento, los legisladores buscan fijar restricciones al ingreso de personal y a la apertura de vacancias públicas.
Alcance del proyecto sobre contrataciones en el Estado
La propuesta legislativa busca contener el gasto público corriente mediante una pausa de veinticuatro meses en el nombramiento de nuevos trabajadores en dependencias gubernamentales. Durante dicho lapso, las entidades estatales quedarían inhabilitadas para crear nuevos cargos y tampoco podrían llenar de manera automática las vacancias que queden libres.
A pesar del freno estricto que se busca imponer, el texto establece salvedades específicas con el objetivo de resguardar el funcionamiento normal de las áreas prioritarias del país. De este modo, los servicios esenciales mantendrían la posibilidad de incorporar recursos humanos indispensables para garantizar la atención a la ciudadanía.
El análisis del plan coincide con reclamos ciudadanos recurrentes en torno a la eficiencia en el uso de los fondos públicos. De avanzar, las restricciones a las contrataciones en el Estado marcarían una directriz legal concreta para la administración de los recursos humanos dependientes del presupuesto general.
Emergencia vial, régimen carcelario y reparación a víctimas
El orden del día de la Cámara Baja también contempla el tratamiento de iniciativas vinculadas a infraestructura y derechos fundamentales. Entre ellas figura la declaración de emergencia vial para la avenida Tsunesabur Makiguchi, un tramo estratégico que une los distritos de Luque y Limpio en el Departamento Central. Dicha propuesta fue formulada por el diputado Pedro Gómez y cuenta con un pedido de preferencia impulsado por Miguel Del Puerto.
Asimismo, los parlamentarios analizarán un plan ideado por la diputada Alexandra Zena orientado al trabajo penitenciario autogestionado. El documento busca instituir un marco legal que permita a las personas privadas de su libertad involucrarse en labores productivas formales dentro de los centros penitenciarios de la República.
En el ámbito de la memoria y los derechos humanos, se estudiará un proyecto para agilizar el desembolso de indemnizaciones a favor de víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner. La iniciativa autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a efectivizar pagos a personas con dictamen favorable de la Defensoría del Pueblo con expedientes previos a la Ley 4381/2011.
Veto presidencial a Hambre Cero y otros temas del plenario
Otro asunto clave del plenario será la resolución sobre el veto total del Poder Ejecutivo a las modificaciones de la ley de alimentación escolar Hambre Cero. La discrepancia se originó en la gestión de los fondos en los departamentos de Alto Paraná y Concepción, donde el Congreso intentó devolver facultades administrativas a las gobernaciones locales, postura que el mandatario vetó por calificarla de redundante.
La agenda legislativa incluye la modificación del artículo 289 del Código Penal y la derogación de la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. En materia ambiental, los diputados examinarán la declaración del Parque Mbaracayú de Ciudad del Este como área silvestre bajo protección estatal.
La efectiva aprobación de estos puntos dependerá de la permanencia de los parlamentarios en sus bancas para consolidar el quórum. En caso de reunir los votos suficientes, el Congreso abriría un precedente institucional sobre cómo deben regularse las contrataciones en el Estado frente a las demandas de contención presupuestaria.
Datos clave
- Suspensión bianual: El proyecto de ley busca pausar por 24 meses la creación de nuevos cargos en las instituciones del sector público.
- Servicios esenciales: La propuesta del diputado Rubén Rubin excluye de la prohibición a los sectores prioritarios para resguardar la atención básica ciudadana.
- Veto en disputa: La Cámara Baja definirá si acepta o rechaza la objeción del Ejecutivo sobre la administración del programa Hambre Cero en dos departamentos.
- Reparación histórica: El plenario revisará autorizaciones de pago para víctimas de abusos dictatoriales con resoluciones previas de la Defensoría del Pueblo.
