La Contraloría General de la República formalizó este martes la asunción de Camilo Benítez para un nuevo mandato consecutivo como titular del organismo extrapoder. En la misma ceremonia institucional prestó juramento Armindo Torres como subcontralor, cargo al que accede tras desempeñarse como director de Declaraciones Juradas dentro de la institución.
Ambas autoridades están afiliadas a la Asociación Nacional Republicana (ANR). Esta coincidencia partidaria desató fuertes objeciones desde bancadas de la oposición en el Congreso Nacional, cuyos integrantes sostienen que el órgano de control debe quedar en manos no oficialistas para garantizar el equilibrio frente a la administración pública.
La postura ante los cuestionamientos de imparcialidad
Al culminar el acto oficial, Benítez salió al paso de los reclamos por la filiación política de las autoridades elegidas. El titular ratificó que el trabajo técnico del organismo no depende de los colores partidarios sino del criterio individual de sus conductores.
"La imparcialidad tiene que ser personal, el partido político no te garantiza ser independiente, el poder te absorbe si no tenés la fortaleza espiritual de ser independiente", afirmó ante la prensa. Asimismo, respaldó la llegada de Armindo Torres a la subcontraloría al calificarlo como "un funcionario de la casa" que "conoce la administración" de la entidad.
Respecto al distanciamiento manifestado por parlamentarios opositores, quienes evitaron saludarlo tras la sesión, el contralor señaló que nadie está ajeno a las críticas. En ese contexto, añadió que la entidad fiscalizadora no tiene la función de "firmar lo que es popular", en alusión directa a las decisiones técnicas tomadas recientemente.
El rol de la Contraloría General de la República en el control estatal
En el esquema constitucional de Paraguay, la Contraloría General de la República ejerce el control gubernamental de los bienes y fondos públicos del Estado. Su misión contempla la fiscalización permanente de ministerios, gobernaciones, municipalidades y entes descentralizados para evitar desvíos o malversaciones.
Uno de los puntos de mayor roce político reciente giró en torno al examen de correspondencia patrimonial aplicado al presidente Santiago Peña. Sectores opositores calificaron de presunto blanqueo dicha revisión financiera luego de que el ente contralor dictaminara que no detectó anomalías patrimoniales vinculadas a sospechas de enriquecimiento.
Tradicionalmente, diversos espacios cívicos y parlamentarios promueven que la conducción de este ente fiscalizador recaiga sobre figuras de la oposición para asegurar contrapesos institucionales. Al pertenecer las dos máximas autoridades al partido de gobierno, los legisladores críticos advierten sobre un eventual debilitamiento en la vigilancia gubernamental.
Calendario del nuevo mandato institucional
El periodo oficial para el cual fueron designados Benítez y Torres arrancará formalmente el próximo 2 de noviembre. La administración de ambos se extenderá por siete años hasta el 1 de noviembre de 2031, abarcando gran parte de este y el siguiente gobierno.
Durante este lapso, las autoridades tendrán bajo su responsabilidad la implementación de auditorías públicas, el análisis de las declaraciones patrimoniales obligatorias de todos los servidores públicos y la rendición de cuentas del gasto del Tesoro Nacional.
Datos clave
- Juramento oficial: Camilo Benítez prestó juramento para un nuevo ciclo en la institución junto a Armindo Torres como subcontralor.
- Filiación partidaria: La presencia de dos figuras coloradas en la cima del ente fue criticada por la oposición, que exige contrapeso político.
- Defensa técnica: El contralor sostuvo que la independencia no proviene del partido sino de la convicción personal de cada autoridad.
- Vigencia del periodo: El mandato institucional de ambas cabezas administrativas correrá del 2 de noviembre hasta el 1 de noviembre de 2031.
