La Contraloría de Panamá ordenó el secuestro preventivo de bienes, cuentas bancarias y vehículos vinculados a dos exministros de la administración de Laurentino Cortizo. Las medidas precautorias alcanzan un monto global estimado en 1,47 millones de dólares tras revisiones de auditoría forense sobre el patrimonio de los excolaboradores gubernamentales. La decisión busca garantizar una eventual restitución de recursos públicos mientras continúan las investigaciones administrativas en curso.
Medidas cautelares de la Contraloría de Panamá
Uno de los expedientes abiertos involucra a José Alejandro Rojas Pardini, quien ejerció funciones como ministro consejero para la Facilitación de la Inversión Privada. La institución fiscalizadora fijó una suma preliminar de 774.462 dólares como garantía financiera ante eventuales perjuicios al Estado. Esta determinación quedó refrendada el 17 de septiembre a través de la Resolución 2927-2026-DNAJ/MP tras las evaluaciones preliminares de la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense.
El exfuncionario representó a la administración pública en la junta directiva de Panama Ports Company y mantuvo vínculos directos con la Autoridad Marítima de Panamá. El órgano de control remarcó que las disposiciones tienen naturaleza preventiva para cautelar el erario mientras siguen las pericias. La orden autoriza la inmovilización de cuentas, automóviles y propiedades a su nombre.
Bienes retenidos al exministro de Obras Públicas
Una segunda actuación administrativa pesa sobre Rafael José Sabonge Vilar, responsable de la cartera de Obras Públicas entre julio de 2019 y junio de 2024. Para este expediente, la Contraloría de Panamá estableció una retención patrimonial previa por un valor de 704.452 dólares. La disposición quedó formalizada mediante la Resolución 2766-2026-DNAJ/MP, emitida formalmente el 8 de septiembre.
Entre los activos alcanzados por la orden constan tres cuentas en el sistema bancario y dos departamentos, de acuerdo con los antecedentes del expediente. Las autoridades aclararon que la medida no constituye una imputación formal de carácter penal ni define una responsabilidad probada en esta etapa. El informe final será remitido al Ministerio Público cuando culminen las tareas técnicas.
Auditoría en el Cuerpo de Bomberos y otras causas
El organismo fiscalizador también examinó la gestión de Roger Alberto Tejada Bryden, exministro de Gobierno y anterior presidente del patronato del Benemérito Cuerpo de Bomberos. En su caso, la auditoría identificó un posible perjuicio económico de 116.498 dólares generado en el periodo comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2024.
Dichos fondos institucionales fueron destinados a reformas en el Centro de Rehabilitación Femenina La Esmeralda, situado en Las Garzas. Los peritos señalaron que la obra no correspondía a las funciones legales de los bomberos y detectaron fallas documentales y bienes no asentados en registros contables. La entidad recomendó enviar los antecedentes al Tribunal de Cuentas y a la fiscalía.
Estas actuaciones administrativas se desarrollan en paralelo a causas judiciales previas que derivaron en órdenes de aprehensión y detención provisional dictadas por la Fiscalía Anticorrupción. Entre los procesados figura Publio De Gracia, antiguo titular de la Dirección General de Ingresos, imputado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales tras una auditoría que reveló inconsistencias patrimoniales.
Asimismo, las medidas de detención alcanzan a Maritza Ureña González, exsubdirectora de Ingresos aprehendida en la Operación Tamías, y a Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Un proceso similar afecta a Noriel Araúz, exadministrador marítimo que soporta medidas cautelares sobre bienes por más de 1,3 millones de dólares. Todos los procesos penales dependen del avance de las pesquisas del Ministerio Público.
Contexto institucional y alcance de las medidas
En el marco institucional panameño, los procedimientos que lleva adelante la Contraloría de Panamá para salvaguardar fondos estatales representan una etapa previa a la acción judicial ordinaria. La entidad fiscalizadora cuenta con facultades de auditoría forense para intervenir bienes antes de que puedan ser transferidos o disimulados ante la justicia. Este tipo de resguardo patrimonial busca asegurar que, si se comprueba una lesión al Estado, existan activos para resarcir el daño.
Para la región y la opinión pública internacional, el seguimiento patrimonial a figuras gubernamentales de alto nivel refleja la aplicación de mecanismos de rendición de cuentas tras los cambios de mandato. Corresponderá a los tribunales y a la fiscalía definir la responsabilidad final en cada caso, diferenciando las medidas precautorias iniciales de las condenas que exige el debido proceso.
Datos clave
- Medida millonaria: La Contraloría ordenó retenciones de bienes por un total combinado de 1,47 millones de dólares a dos exministros.
- Exfuncionarios afectados: Las medidas alcanzan a José Alejandro Rojas Pardini por más de 774.000 dólares y a Rafael Sabonge por más de 704.000 dólares.
- Caso Bomberos: Una auditoría institucional detectó un presunto perjuicio de 116.498 dólares gestionado durante el mandato de Roger Tejada.
- Instancia administrativa: Las resoluciones tienen carácter cautelar preventivo y no representan una condena penal definitiva.
