El contrabando de cigarrillos se posicionó como el problema sectorial más extendido dentro del comercio ilícito en Centroamérica, según reveló el informe elaborado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT). El documento, sustentado en el Índice de Comercio Ilícito 2025, expone que en varios países de la zona el tráfico de tabaco alcanza niveles desbordantes. Las estimaciones oficiales señalan a Panamá como el caso más crítico, donde entre el 92% y el 96% de los productos comercializados provienen de canales clandestinos.
Además del consumo interno, la nación canalera opera como una plataforma logística clave para el traslado de mercancías hacia otros destinos de América Latina y el Caribe. De acuerdo con el reporte, diversas firmas de fachada operan en la Zona Libre de Colón para alterar la procedencia, los valores y las rutas finales de las cargas. Esta situación repercute directamente en la recaudación fiscal y en la seguridad fronteriza de toda la región.
Impacto del contrabando de cigarrillos en el resto de la región
Nicaragua se ubica inmediatamente después en gravedad, con una penetración ilegal estimada entre el 65% y el 80% en su plaza de tabaco. En ese territorio predominan marcas como Modern y Silver Elephant, cuyos cargamentos arriban mayoritariamente desde China a través de conexiones marítimas panameñas y luego circulan por redes de distribución formales e informales.
En Honduras, los datos recabados indican que los productos no declarados absorben cerca del 43% de la demanda local. Durante 2025, las autoridades hondureñas decomisaron más de 137 millones de unidades en Roatán, en un operativo vinculado a estructuras delictivas organizadas. Por su parte, el contrabando de cigarrillos en Guatemala comprende entre el 25% y el 40% del total circulante, provocando mermas tributarias anuales estimadas en 23,5 millones de dólares desde 2017. A dicho país ingresan artículos procedentes de China, India, Emiratos Árabes Unidos y Paraguay, previo paso por la Zona Libre de Corozal.
El mercado salvadoreño presenta una porción ilegal cercana al 33%, con antecedentes recientes que incluyen la destrucción de más de 20 toneladas en 2025 y la desarticulación de un esquema ilícito valorado en 2,2 millones de dólares a inicios de 2026. Inclusive en Costa Rica, el país con mejores índices institucionales del bloque, la mercadería clandestina representa entre el 31% y el 46%, generando pérdidas tributarias de unos 100 millones de dólares al año.
Debilidad institucional y esquemas de corrupción
El estudio de TRACIT subraya que la propagación del comercio ilegal se sostiene en esquemas de corrupción arraigados en estamentos aduaneros, policiales, militares y judiciales. El antecedente judicial del caso La Línea en Guatemala puso en evidencia el cobro sistemático de sobornos en los recintos aduaneros con el fin de evadir impuestos aduaneros a gran escala.
Asimismo, en suelo guatemalteco la economía informal alcanza cerca del 50% del Producto Interno Bruto, lo cual dificulta la trazabilidad y la fiscalización comercial. En Honduras se reportan índices de impunidad superiores al 85% en hechos punibles de gravedad. En Nicaragua, ubicada entre los países con peor percepción institucional según mediciones internacionales, la falta de controles efectivos en pasos migratorios y aduanas favorece el flujo constante de cargas ilegales.
Delitos ambientales y recomendaciones de control
El reporte también vinculó estas redes con la tala clandestina y la llamada narco-deforestación en Honduras, donde entre el 80% y el 90% de las maderas duras de alto valor tendrían procedencia no autorizada en departamentos como Olancho, Yoro y La Moskitia. En territorio nicaragüense, los crímenes ambientales afectan reservas naturales como Bosawás e Indio Maíz debido a la expansión pecuaria irregular y la minería no regulada.
Frente a este escenario, TRACIT propuso once prioridades de acción que abarcan la fiscalización estricta de zonas francas como Colón y Corozal, el empleo de sistemas de rastreo para tabaco y fármacos, y el combate contra la corrupción aduanera. También se recomienda regular las plataformas digitales, ajustar incentivos tributarios y reforzar los regímenes contra el lavado de dinero en coordinación internacional.
Datos clave
- Mercado panameño crítico: entre el 92% y el 96% de los cigarrillos comercializados en Panamá son ilícitos.
- Plataformas de tránsito: las zonas francas de Colón y Corozal son utilizadas para falsificar documentación de origen y destino.
- Pérdidas millonarias: Guatemala y Costa Rica pierden anualmente entre 23,5 y 100 millones de dólares en tributos no percibidos.
- Vínculos ambientales: los grupos dedicados al contrabando también fomentan la tala ilegal y la narco-deforestación en áreas protegidas.
