El Consejo de la Magistratura plantea modificaciones reglamentarias para evitar cuellos de botella tras registrar cerca de 40.000 postulaciones en los últimos tres periodos. La institución encara una sobrecarga administrativa originada por jubilaciones masivas y múltiples inscripciones por candidato en Asunción y sedes judiciales de todo el país.
César Ruffinelli, representante docente ante la entidad, explicó que el cúmulo extraordinario de expedientes exigió rediseñar las etapas evaluativas para dar celeridad a las convocatorias de jueces, agentes fiscales y defensores públicos.
Saturación y el impacto de las jubilaciones masivas
El titular por las universidades privadas detalló que el origen de la saturación radicó en una salida anticipada de jueces que optaron por acogerse a la jubilación ante eventuales reformas del régimen previsional. Este fenómeno produjo una cantidad inusitada de vacancias imprevistas que debieron concursarse en paralelo a los mandatos ya fenecidos.
Durante el ciclo 2024 se conformaron 466 ternas de 477 puestos disponibles, quedando pendientes 21 cargos. En la convocatoria 2025 se remitieron 204 puestos y se formaron 33 ternas, mientras que el llamado 2026 abarca otros 300 cargos en todo el sistema judicial.
A este panorama se sumó un retraso heredado de periodos previos con dos años de demora, lo que obligó al Consejo de la Magistratura a procesar miles de legajos acumulados de convocatorias anteriores.
Derecho de preferencia y límites a las inscripciones
Uno de los principales problemas identificados por la institución es la inscripción ilimitada, debido a que un profesional puede postularse de manera simultánea a diez o veinte cargos distintos. Dicho mecanismo multiplicó los registros al punto de superar 18.000 carpetas en 2024, 15.000 en 2025 y más de 5.300 durante el presente ciclo 2026.
Para solucionar esta distorsión, el cuerpo colegiado proyecta incorporar un criterio denominado derecho de preferencia. Con esta medida se seleccionará a los ternados exclusivamente entre los 50 o 100 mejores postulantes de cada grilla tras las pruebas de conocimientos y evaluaciones psicotécnicas.
El sistema mantiene la exigencia de un examen eliminatorio constitucional con escala mínima del 70 %. Además, la normativa vigente obliga a incluir de oficio a los jueces titulares en las ternas, disposición ratificada por la Corte Suprema de Justicia tras una acción judicial promovida por el Consejo de la Magistratura.
Meta de noventa días y el rol de la Escuela Judicial
La entidad aspira a que el proceso completo de selección no sobrepase los noventa días o cuatro meses. Este lapso contempla la rendición de evaluaciones especializadas, la comprobación de méritos académicos, los tests psicotécnicos y las entrevistas presenciales sin sacrificar el rigor de la selección.
Ruffinelli puntualizó asimismo que las ternas remitidas a la máxima instancia judicial deberían contar con un marco normativo claro en su etapa final, permitiendo que la Corte devuelva las propuestas si no halla candidatos idóneos.
El plan de reestructuración contempla dar mayor ponderación a los egresados de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, otorgando un puntaje superior frente a cursos externos para asegurar la especialización técnica de quienes aspiran a impartir justicia.
Datos clave
- 39.298 postulaciones recibió la institución entre los llamados de 2024, 2025 y 2026 para cubrir vacancias y mandatos vencidos.
- Derecho de preferencia es la figura que se pretende aplicar para restringir las ternas a los 50 o 100 mejores calificados por cargo.
- Plazo de 90 días es la meta fijada para culminar todo el proceso evaluativo, desde los exámenes hasta las entrevistas.
- Jubilación anticipada de magistrados generó una sobrecarga extraordinaria en el volumen de cargos a concursar.
