El debate sobre las normas que regulan el conflicto de intereses volvió a instalarse en el Congreso Nacional tras las repercusiones financieras vinculadas a la firma bancaria intervenida. Un grupo de parlamentarios opositores presentó formalmente una propuesta para reinstalar los controles estrictos sobre las autoridades públicas.
La presentación legislativa fue impulsada en Asunción por los senadores Rafael Filizzola, Yolanda Paredes, Esperanza Martínez, Ignacio Iramaín y José Oviedo. El objetivo central de la iniciativa consiste en revertir los cambios aprobados en periodos anteriores y volver al esquema legal original de prevención.
Proyecto para regular el conflicto de intereses
El documento parlamentario busca restituir plenamente la redacción inicial de la Ley 7089, normativa promulgada originalmente en el año 2023. Los proyectistas sostienen que las sucesivas reformas aprobadas en el Congreso desvirtuaron las herramientas pensadas para evitar el traspaso irregular entre dependencias oficiales y empresas privadas.
Según la exposición formulada por los legisladores, la legislación conocida como norma de puerta giratoria buscaba fijar plazos de espera para exautoridades. La intención radicaba en impedir que quienes administran entes estatales utilicen datos reservados o privilegios institucionales para beneficio de entidades corporativas vinculadas a su gestión anterior.
Durante su argumentación pública, la senadora Esperanza Martínez señaló que la flexibilización de los controles facilitó el crecimiento desmedido de firmas financieras. La parlamentaria subrayó que el traspaso de referentes entre organismos de fiscalización y bancas privadas terminó perjudicando gravemente el patrimonio del Estado y de miles de ahorristas.
Antecedentes de la normativa y modificaciones parlamentarias
La normativa original fue sancionada para blindar la administración estatal y asegurar que las decisiones gubernamentales respondan exclusivamente al beneficio colectivo. No obstante, en diciembre de 2025 se ratificó una reforma que limitó las prohibiciones operativas a los altos cargos estatales.
El texto impulsado ahora por los cinco senadores plantea que cualquier conflicto de intereses sea sancionado con mayor rigurosidad penal y administrativa. Con esto se busca neutralizar las ventajas comerciales que obtienen ciertas entidades al incorporar a sus directorios a exfuncionarios con conocimiento interno de las regulaciones.
La presentación cobra relevancia ante las causas judiciales en curso donde se investiga la actuación del expresidente de la República y de la máxima autoridad del Banco Central del Paraguay. Ambos se encuentran bajo proceso fiscal debido al manejo de fondos estatales depositados en entidades bancarias en quiebra.
Debate parlamentario y tratamiento en comisiones
El proyecto ingresará formalmente al circuito legislativo para ser dictaminado por las comisiones asesoras de la Cámara Alta. Los parlamentarios firmantes anunciaron que buscarán consensos con las diferentes bancadas para introducir penalizaciones todavía más severas a quienes violen estas disposiciones.
Los legisladores consideran urgente recuperar la capacidad sancionatoria del Estado para frenar cualquier conflicto de intereses en la designación de autoridades económicas. El tratamiento del proyecto promete generar intensas discusiones políticas entre las diferentes fuerzas representadas en el hemiciclo.
Datos clave
- Iniciativa multipartidaria: Cinco legisladores de diferentes sectores de la oposición firmaron la propuesta de reforma.
- Retorno a la ley original: El texto pretende reinstalar los parámetros estrictos de la Ley 7089 sancionada en 2023.
- Freno a la puerta giratoria: Se busca inhabilitar el paso directo de funcionarios reguladores a corporaciones supervisadas.
- Sanciones más duras: El plan contempla elevar las penalidades para las autoridades que vulneren las prohibiciones éticas.
