El impacto de las confiscaciones en Nicaragua volvió al centro del debate económico tras conocerse que el Estado transfirió al menos 110 bienes expropiados a la seguridad social. La revelación fue formulada por el economista y exdirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, quien solicitó a las evaluadoras internacionales revisar el verdadero riesgo financiero del país centroamericano.
Chamorro remitió una carta formal a la agencia evaluadora S&P Global Ratings para advertir sobre las distorsiones que atraviesa la economía bajo el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La petición surge después de que la firma mejorara la calificación de la deuda soberana nicaragüense de B+ a BB- con perspectiva estable, una medida que causó sorpresa en sectores comerciales.
Cuestionamientos a la mejora de la nota crediticia
El dirigente opositor, desterrado a Estados Unidos en 2023 tras permanecer encarcelado y ser privado de su nacionalidad, sostuvo que la nueva nota crediticia no refleja el entorno institucional. A su criterio, la agencia financiera omitió el debilitamiento sistemático del Estado de derecho y la ausencia de reglas claras para el sector privado.
El economista remarcó que las empresas carecen de garantías jurídicas confiables y de condiciones de previsibilidad elementales para operar. En su planteamiento, enfatizó que la falta de tribunales imparciales deja a cualquier inversor desamparado frente a resoluciones administrativas o decretos arbitrarios dictados por el poder central.
Chamorro añadió que los vínculos crecientes del gobierno con Irán suman una variable geopolítica adversa para los negocios. Cualquier ajuste en las sanciones comerciales o medidas punitivas de Estados Unidos podría aislar a las entidades financieras locales e interrumpir los canales de pago internacionales.
Los factores de riesgo tras las confiscaciones en Nicaragua
Al fundamentar su reclamo, el exviceministro de Hacienda citó el informe oficial sobre clima de inversión elaborado por el Departamento de Estado norteamericano en octubre. Dicho informe aconsejó a los empresarios proceder con extrema precaución ante el retroceso general de las libertades comerciales.
El documento oficial constató el traspaso de 110 bienes inmuebles incautados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social entre 2020 y abril de 2026. Según Chamorro, el avance de las confiscaciones en Nicaragua representa un obstáculo directo a la propiedad privada y a la legitimidad de las inscripciones registrales.
Asimismo, el análisis detectó modificaciones legales para expropiar terrenos en franjas fronterizas y la intervención de organismos estatales para regularizar despojos patrimoniales. Esta dinámica plantea graves interrogantes sobre la vigencia de garantías crediticias y la efectividad de los recursos de amparo ante la justicia ordinaria.
Concentración de poder e impacto en la región
El opositor despojado de sus bienes enumeró otros factores que deterioran el clima de negocios, entre los que sobresale la pérdida total de independencia judicial. A ello se suman la aplicación discrecional de gravámenes fiscales, la fiscalización coercitiva y mayores restricciones estatales al capital foráneo.
Para analistas y observadores internacionales, la situación nicaragüense funciona como una llamada de advertencia sobre la fragilidad institucional en América Latina. La pérdida de contrapesos democráticos distorsiona los indicadores macroeconómicos y debilita la confianza de los mercados globales, afectando el flujo de inversiones en toda el área.
Por tales motivos, el planteo remitido a las calificadoras insta a valorar con prudencia los números fiscales frente a las confiscaciones en Nicaragua y la desprotección patrimonial. La falta de seguridad para los activos privados suele derivar en litigios internacionales, aislamiento bancario y un encarecimiento general del financiamiento externo.
Datos clave
- Traspaso de activos: Denuncian que 110 propiedades confiscadas fueron transferidas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social entre 2020 y abril de 2026.
- Alerta a calificadoras: El economista Juan Sebastián Chamorro pidió a S&P Global Ratings revisar su reciente mejora de nota soberana a Nicaragua.
- Riesgo institucional: El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó máxima cautela a los inversores ante el deterioro de los derechos de propiedad.
- Vínculos geopolíticos: La cercanía de Managua con Teherán incrementa la vulnerabilidad ante eventuales sanciones bancarias y comerciales internacionales.
