La conducción peligrosa ya no podrá resolverse mediante arreglos monetarios entre las partes para extinguir la responsabilidad penal en El Salvador. La iniciativa de reforma legal enviada a la Asamblea Legislativa busca frenar la impunidad en siniestros viales graves causados por el transporte público y unidades de carga pesada. La propuesta legislativa plantea modificaciones puntuales al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El viceministro de Transporte salvadoreño, Nelson Reyes, detalló en declaraciones radiales que las familias afectadas mantendrán el derecho a percibir una indemnización civil. Sin embargo, el proceso sancionatorio continuará de manera obligatoria en sede judicial.
Fin a la conciliación en hechos viales graves
En la actualidad, las normas procesales permiten recurrir a la conciliación en casos tipificados como homicidio culposo. Si las partes acuerdan una compensación económica, el proceso penal concluye sin condena de cárcel para el conductor. La reforma busca suprimir este beneficio cuando el incidente se origine en actos de conducción peligrosa.
Esta restricción procesal ya rige en territorio salvadoreño para percances derivados del consumo de bebidas alcohólicas, drogas o carreras ilegales. La nueva redacción incorporará el manejo sin licencia habilitante como agravante de conducción peligrosa para los rodados contemplados en el proyecto normativo.
Además, tanto la Fiscalía General de la República como la Policía Nacional Civil tendrán la potestad de actuar de oficio. Las pesquisas judiciales se iniciarán de manera inmediata sin exigir que las víctimas presenten una denuncia formal.
Castigo penal para dueños de unidades de transporte
El texto normativo incorpora una figura penal dirigida a los dueños de camiones, autobuses y microbuses. Aquel propietario que entregue un vehículo pesado a una persona sabiendo que carece de licencia de conducir afrontará de 10 a 15 años de prisión.
El viceministro Reyes aclaró que la responsabilidad patronal cambiará si el chofer presenta documentación apócrifa. En ese escenario, el titular del rodado deberá probar que recibió papeles falsificados y que actuó bajo el convencimiento de su autenticidad.
La legislación exigirá a las empresas y dueños particulares garantizar el mantenimiento general de las unidades de transporte. Esta fiscalización abarcará neumáticos, frenos, luces, cableado eléctrico, extintores y señalización de emergencia antes de que salgan a las carreteras.
Inspección técnica y retención de camiones defectuosos
Las empresas de carga pesada deberán someter sus unidades a una revisión técnica anual obligatoria para renovar la tarjeta de circulación. La vigencia de dicho documento acreditará que el vehículo reúne las condiciones mínimas para transitar.
Las autoridades ordenarán el decomiso directo de camiones y buses que circulen con la tarjeta vencida, neumáticos desgastados o fallas en el sistema lumínico. La Policía Nacional Civil y los inspectores viales trasladarán los vehículos infractores a depósitos oficiales hasta que se regularicen las fallas mecánicas.
La normativa excluye en esta primera etapa a los vehículos particulares y camionetas livianas. La prioridad operativa apunta al transporte internacional, rastras de más de ocho toneladas y buses de pasajeros, sectores involucrados en graves colisiones recientes.
Datos clave
- Prohibición de acuerdos: Los acuerdos económicos entre partes no extinguirán las causas penales originadas por conducción peligrosa.
- Sanción a propietarios: Se proyectan penas de 10 a 15 años de cárcel para dueños que faciliten unidades a personas sin licencia.
- Investigación de oficio: La Policía y la Fiscalía actuarán de forma automática sin depender de denuncias particulares.
- Sector alcanzado: Las medidas afectarán a buses, microbuses y camiones de carga de más de ocho toneladas.
