La revisión sobre la condena de Ñoño Núñez continúa generando controversias procesales en el fuero penal tras un nuevo pronunciamiento judicial en Asunción. La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de aclaratoria planteado por la representación legal del exjefe departamental Óscar Venancio Núñez. Con esta determinación, el máximo tribunal dejó a criterio de los camaristas de Presidente Hayes la decisión de apartarse o continuar interviniendo en la causa.
El alcance de la decisión judicial y los recursos procesales
La controversia se originó a partir de una resolución de la Sala Penal emitida a fines de septiembre. En aquel fallo, el órgano anuló una disposición previa del Tribunal de Apelación de Presidente Hayes y admitió la inhibición de la jueza Jazmín Ortiz. Dicha magistrada había manifestado la carencia de imparcialidad suficiente para entender en el proceso penal tras ser recusada.
Al resolver aquella inhibición, la máxima instancia ordenó proseguir los trámites de integración correspondientes. Sin embargo, los abogados defensores presentaron una solicitud de aclaratoria argumentando que la anulación previa obligaba al apartamiento de los camaristas intervinientes, María Elena Meza y Gustavo Martínez. La defensa sostuvo que correspondía renovar íntegramente la conformación del colegiado desde cero.
Frente a ese planteamiento, la máxima instancia concluyó que no concurrían conceptos oscuros, omisiones involuntarias ni errores materiales que subsanar. El fallo aclaró que el término proseguir habilita a continuar la integración comenzada. Asimismo, remarcó que los propios magistrados de apelación deberán evaluar si corresponde inhibirse al recibir el expediente devuelto.
El desvío millonario y los antecedentes del juicio oral
El origen de este litigio corresponde a la sentencia dictada en diciembre de 2023 por un tribunal de sentencia especializado. En aquel juicio oral, la justicia determinó una condena de 11 años de prisión contra el exgobernador chaqueño tras comprobarse un daño patrimonial superior a los 42.503 millones de guaraníes. El perjuicio afectó directamente los fondos públicos de la Gobernación de Presidente Hayes durante su administración.
Durante las audiencias públicas, el Ministerio Público acreditó que los recursos institucionales desviados tuvieron destinos completamente ajenos a los fines del Estado. De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, el dinero financió compromisos personales, saldos pendientes de campañas políticas y actividades lúdicas como carreras de caballos. Estos elementos fundamentaron el reproche penal y la posterior apelación presentada por los defensores.
La resolución de segunda instancia respecto a la condena de Ñoño Núñez permanece pendiente debido a las constantes trabas y recusaciones interpuestas. La causa ha transitado un prolongado camino procesal dentro del Poder Judicial paraguayo, evidenciando las complejidades recurrentes en procesos que involucran a figuras del ámbito político regional.
El impacto político en torno a la condena de Ñoño Núñez
El caso mantiene una alta repercusión pública debido al perfil político de la familia Núñez en el departamento de Presidente Hayes. El condenado es hermano de Basilio Núñez, quien ocupa una banca en la Cámara de Senadores y ejerce un rol protagónico en la política legislativa paraguaya. Por este motivo, las actuaciones de los magistrados reciben un constante escrutinio por parte de la opinión pública y los gremios jurídicos.
El sistema judicial paraguayo enfrenta el desafío de garantizar el debido proceso sin incurrir en dilaciones indebidas. En los procesos por delitos económicos contra el erario público, las apelaciones ante camaristas constituyen una etapa clave antes de que una sentencia adquiera firmeza legal. La eventual inhibición de los jueces de alzada obligará a convocar a magistrados suplentes de otras circunscripciones judiciales.
Ahora, el expediente retornará a la sede judicial de Presidente Hayes para que el Tribunal de Apelación Multifuero tome una postura institucional. Si los jueces deciden no apartarse, deberán abocarse a estudiar las apelaciones de las partes contra la condena de 2023. De lo contrario, comenzará una nueva ronda de inhibiciones que postergará el análisis definitivo de la causa.
Datos clave
- Decisión del máximo tribunal: La Corte Suprema desestimó el pedido de aclaratoria de la defensa y no forzó la integración desde cero del tribunal de alzada.
- Postura procesal: Los camaristas María Elena Meza y Gustavo Martínez deberán definir de oficio si continúan en el caso tras la anulación de su resolución.
- Monto de la condena: El juicio oral estableció un perjuicio patrimonial estimado en más de 42.500 millones de guaraníes en la Gobernación de Presidente Hayes.
- Pena impuesta: El exgobernador Óscar Venancio Núñez recibió una sanción de 11 años de penitenciaría por el manejo irregular de fondos públicos.
