Las compras de la policía quedaron bajo la lupa legislativa tras una citación que expuso dudas sobre el uso de recursos estatales. El diputado guatemalteco José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, convocó este miércoles a autoridades del sector para exigir explicaciones sobre asignaciones cercanas a 685 millones de quetzales para los ejercicios 2025 y 2026. La audiencia se desarrolló en el Congreso de la República de Guatemala.
Cuestionamientos a las compras de la policía y falta de datos
El legislador centró sus observaciones en la ausencia de un informe consolidado que detalle los desembolsos efectuados a través de adquisiciones directas y procedimientos de baja cuantía. Durante el encuentro, los funcionarios no lograron precisar la cifra global comprometida mediante estas modalidades administrativas, lo que generó un intenso debate sobre el control presupuestario. Chic subrayó que esta omisión impide dimensionar con claridad el gasto real ejecutado por las dependencias de seguridad.
A la citación asistieron el segundo viceministro administrativo del Ministerio de Gobernación, Kelvin Aguilar, y el subdirector general de personal de la Policía Nacional Civil, Juan Rodas. Aguilar argumentó que los fondos previstos responden a la necesidad de abastecer a las promociones de agentes que egresarán para 2027. Rodas, por su parte, detalló que ya rige una cuarta modificación al plan institucional, la cual contempla 15,9 millones de quetzales en armamento, uniformes, vehículos y repuestos.
Disparidad en la infraestructura y costos de alquileres
Otro punto de fuerte fricción fue el desembolso destinado a los alquileres de inmuebles, cuyo costo anual supera los 100 millones de quetzales. El parlamentario contrastó este oneroso gasto operativo con el deterioro que presentan múltiples comisarías del interior. Además, criticó que se hayan destinado 6,6 millones de quetzales a la renovación de la sede central, con mejoras hidrosanitarias y mingitorios antivandálicos, mientras diversas dependencias comunitarias carecen de condiciones básicas.
Frente a estos reclamos, los representantes ministeriales señalaron que la información pedida requiere tiempo técnico para ser ubicada debidamente en los archivos. No obstante, el diputado insistió en que las compras de la policía deben responder a un registro transparente e inmediato para evitar vacíos informativos. En consecuencia, ordenó la entrega formal de un expediente exhaustivo que detalle cada adjudicación en curso, pendiente o proyectada en los planes bienales.
Fiscalización ampliada a obras de infraestructura educativa
La labor de control parlamentario no se limitó a las fuerzas de seguridad, sino que también alcanzó al sector educativo. En la misma jornada, la viceministra de Educación Bilingüe e Intercultural, Romelia Mo, junto a delegados de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, compareció ante el mismo despacho para informar sobre tres obras de infraestructura comunitaria que arrastran demoras significativas en los departamentos de Escuintla y Santa Rosa.
Entre las obras analizadas figura la intervención en el Instituto Técnico Vocacional Doctor Inrich Fischmann, que se mantiene a la espera de evaluaciones estructurales previas. Asimismo, los proyectos del Instituto Nacional de Bachillerato en Electricidad de Escuintla y la escuela El Chiltepe enfrentan trámites de propiedad y viabilidad territorial. Chic enfatizó que la correcta ejecución de estos fondos resulta vital para garantizar servicios públicos dignos en todo el territorio guatemalteco.
La relevancia de la rendición de cuentas institucional
El control sobre las compras de la policía y los recursos gubernamentales refleja un esfuerzo regional por transparentar la gestión pública en Centroamérica. Para los observadores internacionales y la ciudadanía, este tipo de audiencias visibiliza cómo la burocracia estatal administra las partidas extraordinarias destinadas a la seguridad. La exigencia de rendición de cuentas busca garantizar que cada quetzal invertido se traduzca en una mayor protección civil y en mejores condiciones para los propios agentes.
Datos clave
- Monto cuestionado: La Policía Nacional Civil reportó asignaciones por aproximadamente 685 millones de quetzales para los ejercicios 2025 y 2026.
- Falta de consolidación: Las autoridades no precisaron el total destinado a compras directas y adquisiciones de baja cuantía ante el Congreso.
- Gasto en inmuebles: El arrendamiento anual de edificios supera los 100 millones de quetzales, sumado a 6,6 millones invertidos en la sede central.
- Obras escolares: La fiscalización legislativa también requirió informes sobre proyectos paralizados en institutos de Escuintla y Santa Rosa.
