Una central hidroeléctrica comunitaria levantada a mano por trescientas cincuenta familias del pueblo maya mam abastece actualmente de energía a diversas poblaciones de San Marcos, en Guatemala. La iniciativa surgió como una respuesta colectiva para poner fin a la dependencia de firmas privadas de electricidad que imponían deudas acumuladas y cobros excesivos de hasta veinte mil quetzales. Con esfuerzo manual y recursos propios, los residentes lograron edificar la infraestructura sobre la ladera de una montaña.
Los habitantes de los municipios de San Pablo, Tajumulco y Malacatán pusieron en funcionamiento la planta denominada HidroMaya a partir de 2023. La obra se sumó a una red compuesta por cuatro instalaciones autogestionadas en el departamento de San Marcos, mientras continúan los trabajos para habilitar otros dos proyectos en la misma zona montañosa.
Origen del conflicto y rechazo a las tarifas privadas
El problema energético en la región comenzó tras la privatización del servicio eléctrico autorizada por el Congreso guatemalteco mediante la Ley General de Electricidad en 1996. Dos años después, la empresa española Unión Fenosa asumió la distribución en diecinueve de los veintidós departamentos, activo que con el paso del tiempo y sucesivas transferencias corporativas quedó bajo control del Grupo Romero a través de la firma ENERGUATE.
Para el año 2008, los usuarios de San Marcos recibían recibos mensuales que oscilaban entre los 500 y 600 quetzales, montos que equivalen a sumas de entre 65 y 79 dólares. Los vecinos denunciaban que las cifras resultaban absurdas e imposibles de pagar, especialmente en viviendas de escasos recursos que apenas utilizaban tres bombillas. Abigail Pérez, coordinador del Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas Mam, explicó oportunamente que las familias no buscaban recibir servicios gratuitos, sino contar con una cuota accesible y justa.
A esta disconformidad se sumó la autorización estatal del proyecto privado Hidro Salá en 2011, que pretendía desviar el cauce del río Salá a lo largo de ocho kilómetros. La oposición comunitaria generó enfrentamientos con la Policía Nacional Civil, procesos de criminalización y penas de prisión para líderes indígenas, así como el asesinato del dirigente Santiago Gamboa. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia amparó en 2018 a los pobladores por la falta de consulta previa e informada.
Edificación de la central hidroeléctrica comunitaria
Frente al desamparo oficial, siete comunidades se organizaron formalmente en 2016 para idear su propio sistema independiente. Con el fin de adquirir el terreno de la bocatoma en Nueva Castalia, reunieron fondos colectivos y obtuvieron personería jurídica antes de contratar los estudios topográficos y de impacto ambiental.
La construcción de la central hidroeléctrica comunitaria requirió una inversión total calculada en seis millones de quetzales por Jonathan Velásquez, presidente de la asociación vecinal. Alrededor de doscientas personas trasladaron piedras, cemento y tuberías a pie durante veinte minutos por senderos escarpados donde los camiones no lograban avanzar. La organización social Copae brindó acompañamiento técnico y asesoría legal para guiar las faenas voluntarias.
El mecanismo de captación toma una fracción del río Salá mediante una tubería de seiscientos metros que desemboca en un desarenador. El agua baja con fuerza controlada hacia la casa de máquinas para accionar las turbinas generadoras y retorna de forma limpia al cauce natural. Actualmente, cada familia asociada paga únicamente cincuenta quetzales al mes para solventar el mantenimiento preventivo de las redes.
Relevancia regional del modelo de autogestión
El modelo representa una vía de soberanía energética frente a las dificultades que enfrentan sectores rurales de América Latina. En paralelo a HidroMaya, la Asociación El Quetzalí avanza en otra central hidroeléctrica comunitaria para apoyar a pobladores dedicados a la venta de follaje y piedra triturada, demostrando la viabilidad de la tecnología local organizada.
Datos clave
- Población beneficiada: Unas 350 familias del pueblo maya mam gestionan y reciben electricidad de su propia planta.
- Aporte y trabajo comunitario: Los vecinos costearon seis millones de quetzales y trasladaron materiales a pie por la montaña.
- Ahorro tarifario: El costo mensual por hogar pasó de cientos de quetzales a una cuota fija de cincuenta quetzales para mantenimiento.
- Impacto ambiental nulo: El agua utilizada es devuelta directamente al río Salá tras mover las turbinas de generación.
