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Oficialismo colorado define postura sobre Zenaida Delgado tras dictamen constitucional

Redaccion BM Online•2 de noviembre de 2026 a las 02:05 p. m.•Asunción

Senador Natalicio Chase brinda declaraciones rodeado de micrófonos y grabadores de prensa en el Congreso.

El caso Zenaida Delgado mantiene en expectativa a la Cámara de Senadores en Asunción, donde la bancada de Honor Colorado aguarda resoluciones formales antes de tomar una postura. El líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, afirmó que el bloque legislativo esperará el dictamen técnico antes de decidir sobre la eventual destitución de la parlamentaria. Las acusaciones por presunto cobro irregular de haberes abrieron un intenso debate dentro del Poder Legislativo paraguayo.

El caso Zenaida Delgado y la opción de la renuncia

Durante un diálogo con medios de prensa en la sede del Congreso, el senador Natalicio Chase evaluó los diferentes escenarios que enfrenta su colega de bancada. El legislador colorado admitió que una eventual dimisión voluntaria podría representar la alternativa más conveniente si la exposición mediática y política continúa en aumento. Según su criterio, apartarse del cargo no implica asumir culpabilidad, sino que puede responder a una medida estratégica frente al juicio político.

Chase recalcó que cada integrante del cuerpo legislativo elabora su propio criterio sobre la conducta atribuida a Delgado. La legisladora enfrenta serios cuestionamientos tras la denuncia de presuntas irregularidades ligadas a pedidos de dinero por cargos en el Estado. Ante este panorama, los parlamentarios del oficialismo sostienen que escucharán el descargo directo de la involucrada antes de emitir un veredicto definitivo.

El rol de la Comisión de Asuntos Constitucionales

El procedimiento parlamentario establece que el pleno debe basar sus decisiones en el análisis previo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. Este órgano técnico tiene a su cargo el examen de las pruebas documentales y los fundamentos legales del pedido de remoción. En este espacio institucional, Delgado tiene la oportunidad de presentar sus alegatos de defensa y responder a las consultas de sus colegas.

En el marco normativo paraguayo, el artículo 201 de la Constitución Nacional regula la figura del cese de funciones por uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. Este mecanismo extraordinario exige un riguroso análisis para garantizar el debido proceso legal. Los integrantes de la comisión dictaminarán si existen causales suficientes para que el plenario someta el asunto a votación general en una sesión ordinaria o extraordinaria.

Mayorías y debate sobre el supuesto blindaje

El legislador Chase desestimó de forma tajante que exista una maniobra de protección corporativa hacia Delgado por parte del partido de gobierno. Para fundamentar su afirmación, explicó la aritmética parlamentaria vigente y recordó que para frenar una sanción se requeriría un número mínimo de dieciséis votos. En contraste, señaló que para consumar la destitución se contemplan mayorías de hasta treinta legisladores, dependiendo de la interpretación del reglamento vigente.

La discusión legislativa que rodea al caso Zenaida Delgado refleja la tensión constante en el Senado frente a los pedidos de remoción por denuncias de corrupción. La bancada oficialista busca no anticipar juicios públicos sin un respaldo documental que sostenga la votación. La ciudadanía y diversos sectores políticos observan con atención el desenlace de este trámite que pondrá a prueba la solidez institucional del Congreso Nacional.

Datos clave

  • Posición oficialista en suspenso: La bancada de Honor Colorado esperará el dictamen de Asuntos Constitucionales y el descargo de Delgado antes de fijar una postura.
  • Posibilidad de renuncia: El senador Natalicio Chase consideró que una dimisión voluntaria podría ser la salida más conveniente ante la alta exposición pública.
  • Descarte de blindaje: El legislador oficialista negó intenciones de proteger a su colega y detalló que los números requeridos para una salvaguarda política difieren de las mayorías necesarias para la destitución.
  • Marco constitucional: El pedido de remoción se tramita bajo la figura de pérdida de investidura, que demanda comprobar el uso indebido de influencias según la Carta Magna.

Fuente: elnacional.com.py

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