En torno al polémico caso Zenaida Delgado, la defensa legal de la legisladora negó de manera categórica que los documentos de compromiso de pago representen una confesión de supuestos cobros irregulares para acceder a cargos en el Congreso Nacional. El abogado Óscar Tuma afirmó públicamente que los instrumentos suscritos corresponden a acuerdos privados propuestos por las propias denunciantes. La controversia cobró fuerza tras conocerse que la senadora asumió la responsabilidad de cancelar préstamos por más de 70 millones de guaraníes.
Alcance jurídico del caso Zenaida Delgado
El profesional del derecho manifestó que presentar tales documentos como una admisión de culpabilidad tergiversa el contenido textual de los acuerdos. Según su postura, se omiten aspectos esenciales del texto donde se aclara que la firma no implica admitir responsabilidad ni aceptar la veracidad de las denuncias formuladas. Asimismo, remarcó que las cláusulas no exigen retractaciones ni obstaculizan las tareas de investigación que llevan adelante las autoridades competentes.
El representante legal diferenció con claridad dos instrumentos distintos tramitados en el caso Zenaida Delgado. Por un lado, mencionó el documento de cierre de controversias vinculado al ámbito de la intimidad, el cual no establece pagos ni reconoce la recepción de dinero. Por otra parte, detalló la existencia de un acta crediticia específica, orientada únicamente a regular el cumplimiento de determinadas obligaciones bancarias que permanecen vigentes.
Compromiso financiero y la figura de codeudoría
El acta firmada estipula que la senadora cubrirá deudas que suman 70.110.917 guaraníes correspondientes a tres préstamos de las funcionarias Leonarda Vera Santander y Lorena Elizabeth Gauto Domínguez. Las trabajadoras parlamentarias habían denunciado presuntas exigencias de 50 millones y 15 millones de guaraníes para ingresar a la institución legislativa. No obstante, la defensa sostuvo que el compromiso asumido por la parlamentaria no demuestra haber recibido dinero de esos desembolsos ni haber condicionado empleos.
Respecto a uno de los préstamos gestionados ante el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, el abogado puntualizó que Delgado ya figuraba formalmente como codeudora. Por este motivo, atender una obligación en la que ya existía una responsabilidad civil previa no constituye una evidencia de retribución indebida. Atender compromisos financieros asumidos con anterioridad responde a un vínculo crediticio formal y no a una compensación por nombramientos públicos, argumentó el profesional.
Origen de la propuesta y situación parlamentaria
El letrado aseveró además que la iniciativa de redactar y suscribir ambos convenios provino de las propias funcionarias denunciantes. De acuerdo con su declaración, las partes interesadas solicitaron expresamente que la congresista estampara su firma antes de someterlo a su consideración definitiva. Hasta el momento, este planteamiento de cancelación no cuenta con la homologación formal de las afectadas, por lo que el proceso continúa sin resolución plena.
El desarrollo del caso Zenaida Delgado mantiene la atención pública debido a las repercusiones éticas y legales que involucran a representantes de la Cámara de Senadores de Paraguay. La labor parlamentaria exige transparencia en la gestión de recursos humanos y estricto apego a la legislación administrativa. En ese marco, la defensa enfatizó que los documentos no deben interpretarse como una exoneración colectiva ni como una traba para las actuaciones judiciales pertinentes.
Datos clave
- Defensa rechaza confesión: El abogado Óscar Tuma afirmó que los documentos firmados por la senadora no admiten responsabilidad ni reconocen cobros indebidos por cargos.
- Monto de las obligaciones: El compromiso crediticio asciende a G. 70.110.917 y corresponde a tres préstamos personales contraídos por funcionarias del Congreso.
- Vínculo previo como codeudora: La legisladora ya figuraba como codeudora en uno de los créditos tramitados ante la Caja de Jubilaciones del Poder Legislativo.
- Iniciativa de las denunciantes: La representación legal sostuvo que el acuerdo fue acercado originalmente por las denunciantes y aún no tiene validación definitiva.
