El avance de la investigación en el caso Zenaida Delgado sumó nuevos elementos tras divulgarse el reporte oficial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo en Asunción. La entidad previsional parlamentaria constató que el estado financiero de la legisladora oficialista incluye aportes acumulados, un saldo pasivo particular y dos operaciones crediticias donde actúa como garante de terceros. La divulgación de estos números coincide con el avance de denuncias formales por presuntos cobros irregulares a colaboradoras de su equipo.
Obligaciones financieras en el Fondo Parlamentario
La titular de la caja legislativa, la exsenadora Blanca Lila Mignarro, confirmó que la senadora figura como codeudora en dos préstamos gestionados por diferentes personas. El extracto institucional, cerrado al mes de octubre, evidencia los compromisos económicos contraídos en la entidad, sin detallar las condiciones específicas de cada desembolso.
De acuerdo con las normativas internas del parlamento paraguayo, los miembros y funcionarios pueden acceder a préstamos institucionales mediante el respaldo de otros aportantes. Sin embargo, las autoridades previsionales aclararon que la mera presencia de créditos o deudas no constituye de forma automática una infracción legal ni prueba la comisión de ilícitos.
Denuncias de funcionarias en el caso Zenaida Delgado
El escenario cobró relevancia pública tras las acusaciones formuladas por extrabajadoras del Congreso Nacional. La denunciante Leonarda Vera afirmó que ingresó al parlamento en 2023 por gestión de la senadora y que supuestamente entregó cincuenta millones de guaraníes para asegurar su permanencia.
Según el relato de Vera, dicho monto fue obtenido a través de dos canales financieros. Obtuvo treinta millones de guaraníes en el Banco Nacional de Fomento y veinte millones mediante el Fondo Parlamentario, donde la legisladora habría actuado como garante. La denunciante señaló que entregó el dinero en efectivo en el vehículo particular de Delgado y que su salario mensual de siete millones y medio sufría descuentos considerables.
A este testimonio se sumó el de Lorena Gauto, quien ingresó bajo régimen de contrato y aseguró que le requirieron dinero al gestionar su nombramiento permanente. Gauto relató que logró obtener un préstamo de quince millones de guaraníes en la caja parlamentaria con el respaldo de otro trabajador, ya que la parlamentaria no contaba con capacidad de aval adicional. Además, la colaboradora denunció que posteriormente le habrían exigido cien millones de guaraníes adicionales en dos pagos.
Pedido de pérdida de investidura y proceso penal
Ante la gravedad de los testimonios, la senadora opositora Yolanda Paredes, junto con otros parlamentarios, promovió un pedido formal de pérdida de investidura contra Delgado. El planteamiento se sustenta en el artículo 201 de la Constitución Nacional, alegando un presunto uso indebido de influencias en el ejercicio del cargo público.
Paralelamente, el Ministerio Público activó una investigación penal basada en la denuncia presentada por el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez. La Fiscalía busca determinar si los préstamos tramitados en el Fondo Parlamentario guardan nexo causal con las presuntas exigencias económicas descritas por las empleadas legislativas.
La bancada del Partido Colorado anunció que escuchará formalmente a las partes denunciantes antes de tomar una postura unificada sobre la continuidad de Delgado en la Cámara Alta. El desarrollo del caso Zenaida Delgado mantiene en expectativa a diversos sectores políticos ante la posibilidad de un juicio político en el pleno senatorial.
Marco legal del uso indebido de influencias
En Paraguay, la figura de la pérdida de investidura parlamentaria representa la sanción disciplinaria y política máxima contemplada en la Carta Magna. Esta medida exige probar fehacientemente que un legislador utilizó su posición jerárquica para obtener beneficios económicos o inducir nombramientos irregulares en la función estatal.
Las autoridades judiciales deberán cotejar la documentación bancaria, las constancias del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y los testimonios brindados para determinar si existió delito. Las derivaciones políticas del caso Zenaida Delgado dependerán de los elementos probatorios que comprueben o desestimen la vinculación entre los créditos y las designaciones laborales.
Datos clave
- Estado financiero: El Fondo Parlamentario registró que Delgado tiene aportes propios, deudas pendientes y dos operaciones activas en las que figura como codeudora.
- Acusaciones laborales: Dos funcionarias legislativas denunciaron que supuestamente debieron entregar sumas millonarias a cambio de gestionar sus contratos o nombramientos.
- Acción parlamentaria: Legisladores de la oposición presentaron una solicitud de pérdida de investidura contra la senadora por supuesto uso indebido de influencias.
- Investigación penal: El Ministerio Público abrió una causa judicial tras la denuncia remitida por la presidencia del Congreso Nacional.
