El debate en torno al caso Ueno Senado ingresa en una etapa decisiva con la discusión de múltiples pedidos de informes y la conformación de instancias de investigación. La Cámara Alta busca destrabar el tratamiento de estos puntos luego de que la bancada oficialista dejara sin quórum la sesión anterior cuando los cuestionamientos se dirigieron hacia Horacio Cartes.
Entre las propuestas legislativas figura la modificación del artículo 46 de la Ley 5876/2017 de Bienes Incautados. Este proyecto tiene como objetivo que los ahorristas afectados tengan prioridad en el cobro tras los remates de bienes, modificando el orden legal actual que favorece a organismos de seguridad como la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas.
Proyectos contrapuestos sobre el caso Ueno Senado
Las posturas sobre la conformación de los equipos indagatorios mantienen divididas a las bancadas parlamentarias. El bloque opositor, junto a la disidencia colorada, impulsa una comisión bicameral abocada a esclarecer una presunta megaestafa, el posible desvío de dinero público y la eventual complicidad de los entes reguladores del sistema financiero.
En contraste, los senadores del movimiento cartista plantearon una comisión transitoria con un alcance diferente. Su iniciativa propone investigar los hechos vinculados a la entidad bancaria pero incorporando también la deuda flotante que arrastra el Ministerio de Salud Pública con sus proveedores, ampliando el espectro de análisis hacia la administración sanitaria.
Medidas para el resguardo de ahorros y recursos estatales
El plenario legislativo tiene a consideración iniciativas para proteger el patrimonio depositado en la entidad. La oposición promueve una declaración para exigir al Consejo del Instituto de Previsión Social que restablezca criterios rigurosos de seguridad financiera, luego de advertirse flexibilizaciones previas en las colocaciones de fondos jubilatorios.
A su vez, el senador liberal Éver Villalba presentó una propuesta dirigida al presidente Pedro Alliana para solicitar la remoción de ministros y directores que hayan colocado fondos estatales en el banco intervenido durante sus últimos 120 días. Paralelamente, los legisladores Basilio Núñez y Lilian Samaniego expresaron preocupación por los recursos que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay mantenía en la entidad.
Desde otros sectores de la Cámara Alta, los senadores Yolanda Paredes y Dionisio Amarilla promovieron proyectos individuales para instar a la Procuraduría General de la República y al Poder Ejecutivo a asegurar y decomisar judicialmente los bienes de Ueno Bank, el Grupo Vázquez y los demás involucrados en las operaciones.
Requerimientos a instituciones y presuntos vuelos irregulares
La agenda de control vinculada al caso Ueno Senado abarca decenas de solicitudes dirigidas a reparticiones oficiales del Estado paraguayo. Entre las principales entidades requeridas se encuentran el Banco Central del Paraguay y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.
Estas indagaciones buscan verificar las denuncias sobre aeronaves procedentes de Argentina que habrían aterrizado en el espigón presidencial para retirar documentación durante el juicio político a Santiago Peña. Asimismo, se solicitaron informes exhaustivos sobre colocaciones financieras realizadas por la Entidad Binacional Yacyretá, Petropar, Mitic, Senave, el Banco Nacional de Fomento y las cajas de jubilaciones públicas y bancarias.
Datos clave
- Protección a ahorristas: se busca modificar la ley de bienes incautados para dar prioridad de cobro a los depositantes frente a entes estatales.
- Disputa por comisiones: la oposición exige indagar presunta complicidad supervisora, mientras el cartismo pide incluir deudas del sector sanitario.
- Fondos de jubilaciones: el Congreso solicita restablecer mayores exigencias de seguridad para las colocaciones de recursos previsionales del IPS.
- Reporte a organismos: existen pedidos formales de informes al BCP, la Dinac y múltiples empresas públicas sobre transferencias y vuelos irregulares.






