En el marco del caso Ueno, agentes del Ministerio Público presentaron una imputación formal contra un total de 27 personas presuntamente vinculadas a maniobras financieras que afectaron el patrimonio de la entidad bancaria. La investigación fiscal apunta a la supuesta comisión de hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio.
La presentación fiscal fue realizada por los agentes Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta. La causa quedó radicada en el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos a cargo del magistrado Rodrigo Estigarribia, en tanto que el juez Humberto Otazú intervino de manera inicial para admitir el procesamiento de todos los encausados.
Las medidas cautelares solicitadas en el caso Ueno
El Ministerio Público solicitó la aplicación de prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti, quien ejercía el cargo de vicepresidente primero de la entidad bancaria y aparece como la figura principal de la investigación. Para otros siete integrantes del directorio bancario, los fiscales requirieron la medida de arresto domiciliario con control de tobillera electrónica.
Entre los directivos para quienes se requirió el arresto domiciliario figuran Juan Manuel Gustale Cardoni, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelos González, Mariana Isabel Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y el ex síndico Miguel Ángel Almada Frutos. Para las restantes 19 personas investigadas, que ejercían cargos en firmas comerciales, la Fiscalía planteó la aplicación de medidas sustitutivas respaldadas por fianzas económicas.
Adicionalmente, el equipo fiscal solicitó el embargo y la inhibición general de gravar y vender bienes tanto para los imputados como para las firmas comerciales bajo pesquisa. Asimismo, se pidió al Banco Central del Paraguay la inmovilización preventiva de todas las cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas investigadas.
El esquema de préstamos irregulares y empresas vinculadas
De acuerdo con la hipótesis que sostienen los fiscales que indagan el caso Ueno, los directivos bancarios habrían autorizado desembolsos y sobregiros a favor de sociedades con las que existían accionistas en común. Aunque la entidad intentó registrar la desvinculación formal de esas empresas, las autoridades de supervisión señalaron que no se remitieron los documentos que respalden tal separación societaria.
Las pesquisas señalan que empresas como MOWI SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA recibieron créditos multimillonarios bajo condiciones consideradas sumamente laxas y sin las garantías reales requeridas por el mercado. Dichas asistencias financieras superaban con creces la capacidad operativa y de repago de las compañías receptoras de los recursos.
La trazabilidad efectuada por los peritos y el regulador determinó que los fondos desembolsados no permanecían en las empresas acreditadas para sus actividades ordinarias. Por el contrario, los recursos habrían sido transferidos casi de inmediato a otras firmas del mismo conglomerado para cancelar deudas y amortizar sobregiros en otras cuentas bancarias.
La intervención reguladora y el desvío de fondos
Las operaciones crediticias cuestionadas provocaron un grave deterioro en la posición financiera del banco, situando su índice de solvencia por debajo del 50 % del límite legal requerido. Ante este escenario de despatrimonialización, el Directorio del Banco Central del Paraguay emitió una resolución para activar el proceso de resolución de la entidad financiera.
La imputación fiscal también detalla que, ante los cuestionamientos de la Superintendencia de Bancos sobre las firmas vinculadas, la administración bancaria intentó transferir su cartera de créditos a la empresa Vinanzas SA por más de 74 millones de dólares. Sin embargo, las averiguaciones revelaron que el dinero utilizado para esa supuesta compra al contado provenía de financiamientos otorgados previamente por la propia entidad bancaria, configurando una presunta maniobra circular para sanear los balances ante la supervisión oficial.
Datos clave
- La Fiscalía formuló imputación contra 27 personas por presunta lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y tentativa de estafa.
- Se solicitó prisión preventiva para el ex vicepresidente de la entidad bancaria y arresto domiciliario con tobillera electrónica para otros siete directivos.
- El Banco Central del Paraguay activó el proceso de resolución luego de que la solvencia institucional cayera por debajo del 50 % del umbral exigido por ley.
- El juzgado penal de garantías convocó a las audiencias para resolver la imposición de medidas cautelares y bloqueos financieros a las cuentas involucradas.
