El Ministerio Público presentó los avances en la investigación del caso Ueno tras anunciar que solicitará asistencia jurídica internacional a Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear activos financieros. La mesa de trabajo integrada por agentes fiscales comunicó las medidas operativas e imputaciones que pesan sobre exautoridades nacionales y exdirectivos de entidades bancarias en Asunción.
La agente fiscal coordinadora Nancy Salomón explicó que las pesquisas abarcan presuntas maniobras financieras irregulares ligadas al Grupo Vázquez. Según los reportes iniciales, se habrían utilizado préstamos bancarios gestionados a través de firmas vinculadas para cubrir diversos compromisos comerciales previos.
Estructura del equipo fiscal y cooperación internacional
Para atender la magnitud del proceso, el Ministerio Público organizó la tarea en tres frentes especializados. El primer equipo operativo está a cargo de Francisco Cabrera, mientras que el segundo grupo de trabajo responde a la dirección de Silvia González. Ambos sectores coordinan las intervenciones técnicas y las diligencias probatorias en el territorio nacional.
Por su parte, el fiscal adjunto Manuel Doldán encabeza el área de cooperación jurídica internacional. El representante del Ministerio Público señaló que se recurre a los convenios de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos para agilizar el intercambio de información con organismos extranjeros.
En este esquema de trabajo externo, las autoridades mantienen contacto con el Gran Ducado de Luxemburgo para ubicar bienes y remitir exhortos de decomiso. De igual manera, se articula con la Fiscalía de Argentina el cruce de datos sobre sociedades mercantiles, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció colaboración técnica formal.
Los ejes centrales del caso Ueno y las empresas vinculadas
El fiscal Francisco Cabrera recordó que las actuaciones penales comenzaron formalmente el pasado 3 de noviembre tras una comunicación remitida por el Banco Central del Paraguay. A partir de esa alerta regulatoria, los intervinientes desplegaron allanamientos e identificaron a unas 37 personas jurídicas y 35 personas físicas como presuntos componentes de la red.
La estrategia institucional contempla cuatro pilares de acción directa. Estos comprenden la determinación de conductas punibles, el análisis patrimonial de los implicados, la recuperación de activos y la ejecución de procedimientos en terreno, sumados a la recepción de testimonios voluntarios de exempleados.
Cabrera puntualizó que el volumen de documentos incautados justifica el pedido de nuevas medidas cautelares sobre los patrimonios detectados. La intención de los agentes radica en asegurar fondos antes de que puedan ser transferidos a otras jurisdicciones opacas.
Situación procesal de exautoridades y diligencias en San Bernardino
La fiscala Silvia González detalló que la causa penal abierta contra el expresidente Santiago Peña se originó a partir de denuncias formuladas por legisladores de ambas cámaras del Congreso. Las imputaciones también alcanzan al expresidente de la banca matriz, Carlos Carvallo, y a ocho antiguos directivos bancarios.
En la imputación se atribuye a Peña la presunta comisión de administración en provecho propio y lesión de confianza. En tanto, Carvallo afronta cargos por presunta lesión de confianza y producción mediata de documentos públicos de contenido falso, según consta en el acta judicial.
Respecto a los operativos recientes dentro del caso Ueno, la comitiva fiscal y policial allanó una residencia situada en la ciudad de San Bernardino. En el inmueble se halló una bóveda de alta seguridad que será abierta con equipamiento especializado, además de computadoras y documentos que serán sometidos a peritaje.
Datos clave
- Cooperación externa: La Fiscalía gestiona asistencia judicial con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para congelar y repatriar fondos.
- Alcance de la red: Las autoridades detectaron a 37 empresas y 35 personas físicas vinculadas al esquema bajo análisis.
- Exautoridades procesadas: El expresidente Santiago Peña y el extitular del BCP Carlos Carvallo se encuentran imputados con órdenes de detención.
- Evidencias en custodia: Durante un allanamiento en San Bernardino se localizó una bóveda de seguridad compleja junto con equipos informáticos.
