El escándalo financiero en torno al caso Ueno Bank generó una fuerte reacción del sector de la construcción en Paraguay. La Asociación de Profesionales de la Construcción emitió un pronunciamiento institucional donde exigió la salida del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El gremio argumentó que el Ministerio Público no demostró la firmeza necesaria para esclarecer lo que consideran un impacto histórico contra el patrimonio de la ciudadanía.
La entidad gremial manifestó su indignación ante el proceso de resolución financiera iniciado por la banca matriz. Para los constructores, el colapso de la firma excede largamente un problema bancario ordinario y apunta a la supuesta instrumentalización de dependencias estatales.
Cuestionamientos al Ministerio Público en el caso Ueno Bank
Uno de los puntos centrales del comunicado fue la conducción del Ministerio Público durante las primeras diligencias. El gremio de profesionales señaló que la falta de celeridad procesal y ciertas decisiones operativas despiertan sospechas razonables sobre la eficacia de las pesquisas.
Por este motivo, solicitaron expresamente que Emiliano Rolón Fernández deje la titularidad de la Fiscalía General del Estado. A criterio de la organización, la magnitud del descalabro financiero exigía una conducción técnica intachable y una postura que evitara cualquier manto de duda sobre la investigación.
Asimismo, los profesionales reclamaron la conformación de un equipo de investigadores independiente. Exigieron que las indagaciones alcancen tanto a los operadores privados que ejecutaron las maniobras como a las autoridades de control que permitieron la colocación irregular de recursos estatales.
Exigencia de restitución de fondos estatales y previsionales
El pronunciamiento destacó que las sanciones judiciales representan solo una parte de la respuesta que el Estado debe brindar. Aprocons enfatizó que la máxima prioridad nacional tiene que ser la localización, bloqueo y recuperación efectiva de todos los activos monetarios comprometidos.
Para cumplir ese objetivo, el sector instó a emplear herramientas judiciales de embargo y cooperación jurídica internacional. Subrayaron que los depósitos pertenecientes a empresas públicas, entes reguladores y cajas previsionales deben volver a sus legítimos dueños bajo las garantías del debido proceso.
El gremio también dirigió un mensaje a la administración gubernamental encabezada por Pedro Alliana. La asociación advirtió que la destitución del mandatario anterior, Santiago Peña, no significa la conclusión de la crisis institucional ni exime de colaborar plenamente con los tribunales.
En esa misma línea, pidieron que ninguna persona sospechada de haber facilitado estas operaciones permanezca en funciones de responsabilidad pública. Argumentaron que la transparencia de los mecanismos de auditoría estatal resulta indispensable para devolver la certidumbre económica al país.
Severas acusaciones y pedido de movilización ciudadana
En el texto difundido por su Comisión Directiva, la asociación calificó la apropiación indebida de caudales públicos como una traición abierta a la confianza del pueblo. Afirmaron que confabularse para vulnerar el patrimonio colectivo en beneficio particular merece el repudio más categórico que contempla el orden moral republicano.
Por último, la organización convocó a todos los sectores civiles, gremiales y profesionales a sostener una vigilia constante, pacífica y rigurosa. Pidieron que la opinión pública impida el olvido o el archivo anticipado de las causas judiciales vinculadas al caso Ueno Bank para que el dinero de los contribuyentes retorne a las arcas públicas.
Datos clave
- Aprocons solicitó formalmente el apartamiento del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, al cuestionar la conducción de las causas penales.
- El gremio calificó el episodio como uno de los mayores perjuicios registrados contra el erario público en la historia nacional.
- La recuperación de los activos públicos y previsionales desviados debe constituirse en una prioridad mediante cooperación internacional.
- Instaron a la administración de Pedro Alliana a colaborar sin reservas y apartar de cargos públicos a cualquier involucrado.






